CIUDAD DE MÉXICO
Breyman Labastida Martínez, Juez Sexto de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, admitió su demanda y en un principio le otorgó la suspensión de plano y provisional contra cualquier mandamiento privativo de libertad, según registros judiciales.
Las primeras autoridades judiciales y ministeriales que fueron requeridas por el juez negaron la existencia del mandamiento de captura, razón por la que negó la suspensión definitiva en contra de ellas, al no haber un acto del que debiera ser protegido el quejoso. Sin embargo, Álvarez Puga también solicitó la protección de la justicia contra otras autoridades que hasta el momento no han informado sobre el acto que reclama. Por ello, el juez aplazó hasta después del 11 de enero la audiencia en la que iba a resolver si le daba la suspensión definitiva contra las autoridades restantes. A Álvarez Puga se le fijó el pago de una garantía de 7 mil 500 pesos cuando se le concedió la suspensión inicial, aunque el juez le precisó que dicha protección judicial no iba a evitar que fuera privado de su libertad en caso de haber una orden de captura por un delito con prisión preventiva de oficio.
El 22 de abril de 2010 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catearon las oficinas del despacho de abogados y contadores Álvarez Puga y Asociados, del cual el ahora solicitante del amparo era uno de los responsables. El SAT señaló en ese entonces que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.