Robles, un ejército de caros ‘asesores’. Multimillonario séquito en la Sedatu

Es el lugar ideal para que los allegados a la funcionaria vivan del presupuesto

Por Mathieu Tourliere Con la más absoluta discrecionalidad, Rosario Robles Berlanga ha formado una legión de ‘‘asesores’’ en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a un costo que en su primer año de gestión rebasó los 369 millones de pesos. Y lo hizo mediante miles de contratos de “prestadores de servicios profesionales”, que la Oficialía Mayor, a cargo de Emilio Zebadúa González, otorgó a particulares en la modalidad de adjudicación directa. Entre los beneficiarios de estos contratos destacan numerosas personas que laboraron a las órdenes de Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2013 y 2015. Pero también aparecen amigos de la funcionaria, operadores políticos y militantes priistas, estudiantes, hijos de políticos e incluso un exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Algunos de ellos obtuvieron remuneraciones particularmente jugosas: en el primer semestre de 2017, por ejemplo, al menos 217 tenían un ingreso superior a 32 mil 500 pesos mensuales –un monto equiparable al salario de un subdirector en la Sedatu–, mientras 40 cobraron más de 60 mil pesos mensuales. Es el caso de Ramón Sosamontes Herreramoro, aliado fiel y operador político de Robles desde hace años. A principios de esta década ambos fueron marcados por sus relaciones con el polémico empresario Carlos Ahumada Kurtz: Robles fue acusada de beneficiar al empresario –con quien sostenía una relación amorosa– desde el gobierno del Distrito Federal, y Sosamontes fue videograbado mientras entregaba al argentino una maleta con 1 millón de dólares. Los escándalos los obligaron a renunciar a su militancia en el PRD en 2004 y, al integrarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto a principios de 2013, Robles reclutó a Sosamontes como jefe de oficina. Cuatro años más tarde el hombre sigue ostentándose en los actos públicos como jefe de oficina de la funcionaria en la Sedatu. Sin embargo no forma parte de la nómina de la dependencia ni de la administración federal. Aun así, cobra 110 mil pesos mensuales como “asesor” en la secretaría. Cómo él hay muchos: sólo el año pasado la Sedatu adjudicó 2 mil 624 contratos a particulares por un total de 369 millones 448 mil pesos. Y en los primeros seis meses de 2017 la dependencia emitió mil 171 contratos por 172 millones 577 mil pesos. El nivel de discrecionalidad y arbitrariedad que impera en este sistema es altísimo, según muestran las consultas en las bases de datos públicas, información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y centenares de documentos internos de la Sedatu obtenidos por Proceso. Así, cada área de la dependencia elige a quiénes quiere contratar y decide el monto de la remuneración. Las áreas son, además, las encargadas de supervisar a sus “asesores” y determinar si cumplieron su misión, por lo que escapan a la vigilancia del Órgano Interno de Control. Por si fuera poco, estos “asesores” gozan de condiciones laborales de ensueño: no tienen horarios establecidos, no están obligados a acudir a las oficinas de la institución y además pueden conseguir empleos en los sectores público y privado.Los contratos de lujo>El mayor Carlos Tiburcio Zárate Ruiz, exintegrante del Estado Mayor Presidencial, supervisó la seguridad de Robles en la Sedesol y obtuvo tres contratos semestrales desde enero de 2016, por un monto total de 1 millón 982 mil pesos. > Fernando del Villar Moreno, quien dirigió el Cisen entre 1990 y 1993, obtuvo también contratos en la Sedatu en 2016 y 2017. El último, fechado el 31 de enero de 2017, se eleva a 314 mil pesos con una duración de seis meses, o sea poco más de 52 mil pesos mensuales. > En julio de 2016 la Sedatu otorgó un contrato de 780 mil pesos a Aldo Alonso Santillán Flores por seis meses, el cual quedó vigente hasta el 20 de diciembre. Pero, en un oficio del 13 de diciembre, el hombre apareció como director de administración y finanzas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.