Lo más preciado para Blanca Marroquín, una joven guatemalteca, son sus dos hijos de cinco y siete años. La sola idea de ser separada de ellos la aterroriza.
“Mi mayor miedo es que me quiten a mis hijos –dice en referencia a la posibilidad de ser arrestada y deportada por agentes de inmigración–, pero he aprendido a no tener miedo y sé que tengo derechos como inmigrante.”
Marroquín salió de Quetzaltenango, Guatemala, en enero pasado y permaneció cinco días en un centro de detención para migrantes en California, junto a su madre y sus dos hijos.
En febrero fue liberada y pudo trasladarse a San Francisco, donde espera ser llamada a la corte para iniciar su proceso de asilo. Tiene un grillete en el tobillo y sus datos están registrados en el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En teoría, Marroquín podría ser uno de los muchos objetivos de las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump para deportar a miles de inmigrantes en varias ciudades de Estados Unidos. Esos operativos están programados para iniciar este domingo 14, reportó The New York Times,- que citó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
Según el periódico, las detenciones serán realizadas por agentes del ICE durante varios días y pueden incluir deportaciones “colaterales”, es decir, de personas que estaban junto al objetivo de la deportación. La medida tendrá lugar sobre todo en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleáns, Nueva York y San Francisco.
Marisela Esparza, directora del área de Derechos de los Inmigrantes del Centro de Servicios Comunitarios Dolores Street, señala: “Hemos visto mucho miedo y pánico, pero también sentimos que es una campaña para crear terror, que es lo que busca la administración… Cuando hay miedo las personas se aíslan, se retiran, dejan de asistir a juntas y se informan menos”.
El abogado John Tesoro acude diariamente a la Corte migratoria en San Francisco para litigar los casos de varios clientes, quienes suelen acompañarlo en las audiencias. Pero en los últimos meses ha visto algo que le preocupa. El miedo, dice, es más intenso desde Trump.
A decir de Tesoro, las personas están estresadas: “La retórica de las noticias los espanta, los intimida”.
Entre el 18 y 26 de junio pasado, cuando Trump anunció que deportaría a 1 millón de personas, la línea de respuesta rápida del Centro de Servicios Comunitarios Dolores Street en San Francisco recibió 400 llamadas. “Es un volumen inusual”, dice Esparza.
Para la activista es erróneo pensar que los operativos del ICE se enfocarán en personas con órdenes de deportación. “Esa es una táctica para dividir a los migrantes y crearles un sentido de seguridad falsa al hacerlos pensar: ‘eso no me va a tocar a mí’, pero está habiendo muchos arrestos colaterales”.
Esparza aclara también que usar el término “redada” para los operativos de deportación no es adecuado: “Hubo redadas en 2008 y 2010, cuando el ICE entraba a los lugares de trabajo y agarraba a todos, pero lo que estamos viendo ahora es que inmigración está buscando y vigilando a las personas afuera de sus casas; eso está alineado con la campaña de terror”.
El jueves 11 la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda para proteger a las personas que podrían ser blanco de los operativos de deportación. El argumento principal es que no se garantizó el derecho constitucional de esas personas a comparecer ante un juez de inmigración.
“La administración de Trump planea arrestar y deportar a miles de familias y niños centroamericanos sin darles un día en una Corte, lo cual es ilegal e inmoral –dijo Ahilan Arulanantham, consejero de ACLU en el sur de California–. Hace más de 100 años la Suprema Corte decidió que los inmigrantes no podían ser deportados sin el debido proceso. Estos refugiados merecen esa protección básica”.
Fuerte oposición en California
>El anuncio de las deportaciones motivó que las organizaciones civiles e incluso los gobiernos de las ciudades santuario multiplicaran sus esfuerzos educativos hacia los inmigrantes.
> En San Francisco, la Oficina del Defensor Público del condado está preparada para ofrecerles asesoría legal.
> “Es muy importante reasegurar a la comunidad que hay defensa y seguridad –dice el abogado Francisco Ugarte, coordinador de la Unidad de Inmigración–. Si la persona no exige sus derechos puede ser deportada inmediatamente. La gente tiene derechos, los indocumentados tienen derechos y deben entenderlo’’, afirma.