De 2019 al 31 de julio de 2020, es decir, en 19 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral apenas pudo resarcir el daño que sufrieron mil 738 víctimas, es decir, 4.5% de las 37 mil 791 que están en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
De acuerdo con datos del Renavi, al 31 de julio de 2020, el registro alcanzó 37 mil 791 víctimas. La información indica que en todo 2019 y hasta el 31 de julio de 2020 sólo mil 738 víctimas registradas recibieron compensaciones por violaciones a derechos humanos o subsidiarias por comisión de delitos, los cuales sumaron la entrega de 1 millón 165 mil 700 pesos.
En ese sentido, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral —que recién el Congreso de la Unión desapareció junto con 109 fondos y fideicomisos federales— contaba hasta el 31 de julio pasado con un saldo neto de 329.6 millones de pesos.
Fabienne Cabaret, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que las compensaciones o reparaciones que se otorgan a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) son mínimas.
Aseguró que para llegar a eso se requiere una sentencia o una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para de esa forma acreditar que la víctima tiene derecho a este pago.
“El sistema contempla tres rubros principales, uno son las ayudas inmediatas, que tienen que ver con pagos de traslados, alimentación, desahogo de diligencias, búsquedas, entre otras.
“Luego está el de asistencia, que tiene que ver con medidas de apoyo alimenticio para que las víctimas puedan hacer frente a la situación; luego [se tiene] el de compensación o reparación, que es el relacionado con la recomendación o sentencia. Este es un rubro donde realmente es mínima [la asistencia]”, detalló.
“Es un sistema que finalmente terminó siendo muy burocrático, [puesto que] te piden muchísimos requisitos.
“Es un sistema en el que la mayoría de las víctimas, pensando en su condición, si no tienen a alguien que les ayude en la gestión de solicitud de medidas, cualquiera que sea, es realmente difícil que lleguen”, aseguró.
Poca efectividadEn una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL se reportó que en todo el primer año y tres meses de la presente administración, de mil 535 víctimas que hasta ese momento recibieron compensaciones o reparación del daño, mil 62 fueron otorgadas por violaciones a derechos humanos y 473 por la comisión de delitos.
Al respecto, la integrante del equipo de defensa integral de la fundación comentó que la diferencia que existe entre uno y otro concepto refleja el nivel de impunidad del país.
“Para poder tener acceso a la reparación del daño derivado de una sentencia pues necesitas la sentencia, y sabemos cuál es el nivel de impunidad.
“Si tenemos que las víctimas tienen derecho a la reparación del daño, [esto] tiene que ver obviamente con la situación de impunidad, porque lo que hace el sistema es pagar de forma subsidiaria a las víctimas la reparación del daño que se establezca en una sentencia y, si no hay sentencia, tampoco hay reparación”, refirió el especialista. La entrega de recursos a un mínimo porcentaje de víctimas registradas no es exclusivo de la presente administración federal, pues el sexenio pasado sumó 22 mil 837 víctimas, pero durante todo ese periodo sólo mil 815 recibieron compensaciones por violaciones a derechos humanos y apoyos subsidiarios por comisión de delitos, los cuales sumaron la entrega de 674 millones 737 mil 130.08 pesos.
Cabaret comentó que actualmente la misma CEAV ha reconocido que aún tiene pendiente la resolución de 3 mil solicitudes al Renavi, y advirtió que, desde diciembre de 2019, cuando se formalizó el cambio de administración en la comisión y en todo lo que va de este año, todos los trámites quedaron paralizados.
“Durante 2020 ya se venía colocando por parte de la CEAV y el gobierno la necesidad de reformar el sistema, pues no estaba operando debidamente porque eran pocos los beneficiados.
“El argumento este año ha sido que ya no se podía estar otorgando medidas de asistencia de por vida, sino enfocarse en lo que realmente necesitan las víctimas para empoderarse de su situación”, agregó.
“Creo que sí se necesita un cambio de operación porque efectivamente había cosas que terminaban beneficiando a muy pocas personas, cuando el grueso de la población víctima no está recibiendo el apoyo que debería, pero luego vinieron los recortes, empezaron a manejar el tema de que no hay dinero y todas las solicitudes que hemos manejado de un año para acá no se han resuelto”, explicó.
Con la eliminación de los fideicomisos, entre ellos el de apoyo a víctimas, dejaron de existir las reglas de operación, por lo que la CEAV tiene 30 días a partir de noviembre para regresar todos los recursos del fondo a la Secretaría de Hacienda.
Destacó que el fondo operaba con un mecanismo de retroalimentación, el cual permitía que la CEAV no se quedara sin recursos, pero que con la eliminación del fideicomiso esto no ha quedado claro.
“La gran incertidumbre es cómo va a operar, porque suponiendo que se asigne un monto anual a la CEAV de 500 millones [de pesos], pero a mediados de año se entregan 450 millones, no tendrá más que 50 millones para terminar el año, cosa que no pasaba anteriormente”, advirtió.
Por esa situación, consideró que, ante la eliminación del fideicomiso, se debe generar una nueva reglamentación en la que se establezca cómo operará, para así no quedar vacío antes de concluir el año.