Mediante una respuesta de transparencia, la Segob señaló que en 2019 destinó 2 millones de pesos para que trabajadores de la Fiscalía de Justicia mexiquense recibieran una certificación en atención a delitos vinculados a la Violencia de Género. Sin embargo, la Fiscalía avisó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) que devolvió los 2 millones de pesos, más 28 mil pesos de rendimiento financiero.
Pues la transferencia, que había tramitado en mayo de 2019, se hizo en octubre, lo que ponía en riesgo la ejecución antes del 31 de diciembre. En 2018, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos mexiquense regresó a la Federación 5.6 millones que había solicitado en mayo, los cuales iba a utilizar para realizar un diagnóstico de la violencia contra las mujeres y una evaluación de protocolos de atención.
En un oficio, la dependencia argumentó que no los pudieron utilizar porque les fueron depositados el 27 de septiembre de ese año y tampoco tuvieron margen para ejercerlos. Familiares y organizaciones civiles han cuestionado que las víctimas padecen malos tratos de personal del Ministerio Público del Edomex cuando intentan iniciar una denuncia por la desaparición de una mujer. "Se volvió evidentemente imposible llevar a cabo la calendarización original, debido a lo ajustado de los tiempos", detalló la Secretaría.
La AVGM comenzó a aplicarse en el Edomex en 2015, pero fue hasta 2017 que la Federación dio recursos por primera vez para acciones de coadyuvancia en los estados que tienen implementado ese mecanismo. Pero la entidad no recibió dinero en 2017 ni en 2020 y el año pasado recibió 19.4 millones de pesos. Pese a que regresaron los recursos a la Federación, el Gobierno estatal indicó que en 2018, junto con municipios, crearon y capacitaron Unidades de Búsqueda o comenzaron a entregar estímulos económicos a huérfanos por feminicidio o desaparición.
La Fiscalía resaltó que lleva a cabo diversas capacitaciones y profesionalización de su personal. "Los gobiernos siempre dicen que no hay dinero, 'que cómo van a llevar a cabo', 'que no pueden contratar personal', entonces, eso es una contradicción, sí se debe de cuestionar porque es el no ejercicio de los recursos para proteger y garantizar la vida de las mujeres", señaló María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.