San Antonio, Tx.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está enviando una clara señal sobre sus prioridades en estos días bajo el nuevo gobierno del presidente Joe Biden: los derechos civiles.
El cambio ocurre luego de cuatro años de torbellino durante la administración de Donald Trump, cuando esas investigaciones se desvanecieron y el Departamento se concentró en reducir la inmigración y en la pesquisa sobre la injerencia rusa en las elecciones.
En apenas dos semanas el Departamento ha iniciado investigaciones a la policía en Louisville, Kentucky. Los fiscales federales presentaron cargos contra cuatro expolicías de Minneapolis por violaciones de los derechos civiles por la muerte de George Floyd y acusaron a tres hombres de delitos de odio por la muerte de Ahmaud Arbery en Georgia.
En ambas causas criminales, las autoridades procedieron con los cargos federales antes de que la mayoría de los acusados fueran enjuiciados a nivel estatal.
El secretario de Justicia Merrick Garland está cumpliendo una promesa hecha durante su audiencia de confirmación en el Senado de dar nuevo foco al Departamento hacia los derechos civiles.
“Lo que no conseguimos que hicieran en los casos de Eric Garner, Michael Brown en Ferguson y numerosos otros, finalmente los vemos hacerlo”, dijo el reverendo Al Sharpton, activista de derechos civiles, tras anunciarse los cargos por la muerte de Floyd.
El expolicía de Minneapolis Derek Chauvin ya fue declarado culpable de tres cargos de homicidio en un tribunal estatal y va a ser condenado el 25 de junio. La causa federal pudiera actuar como una garantía contra una apelación estatal exitosa o una sentencia indulgente.
Por separado, funcionarios federales acusaron a Chauvin en un caso de 2017, cuando él arrestó a un adolescente de 14 años. Chauvin golpeó al muchacho y lo sujetó contra el suelo, poniéndole una rodilla en el cuello y en la espalda.
El abogado de Chauvin, Eric Nelson, ha presentado un pedido de un nuevo juicio en el caso de la muerte de Floyd, argumentando una serie de razones, incluso una publicidad “tan ubicua y prejuiciosa... que equivalió a un defecto estructural en el proceso”.
Dijo además que el juez Peter Cahill abusó de su criterio al negar pedidos iniciales de trasladar el juicio. Cahill no ha dicho cuándo fallará sobre el pedido de Nelson de un nuevo juicio.
Nelson no ha comentado sobre los cargos federales.
Los otros tres policías que enfrentan cargos de derechos civiles, Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao, no han sido enjuiciados aún a nivel estatal por cargos de contribuir en el homicidio de Floyd.
Usualmente, los fiscales federales esperan para presentar cargos hasta que las investigaciones locales han concluido, pero cuando los presentan antes, es considerado una protección contra las dificultades de enjuiciar localmente a agentes del orden.
De acuerdo con una persona familiarizada con la investigación, eso sucedió durante la causa contra el expolicía Michael Slager en Carolina del Sur. En 2015, Slager mató a tiros a Walter Scott, un hombre negro desarmado que huía de una parada de tránsito.
COORDINACIÓN
No está claro si Garland está interviniendo para ayudar a los fiscales locales en Minneapolis con los tres agentes, pero es muy probable que las dos partes se estén comunicando sobre los casos. Y lo mismo sucede en Georgia, donde se anunciaron cargos federales de crímenes de odio contra Travis McMichael y su padre, Greg, y un tercer hombre, William “Roddie” Bryan, por la muerte de Ahmaud Arbery, de 25 años. Los tres están encarcelados bajo cargos estatales y deberán comparecer en la corte la semana próxima. No se ha fijado una fecha para el juicio.
Arbery fue abatido el 23 de febrero de 2020 con disparos de escopeta luego de que los McMichael lo persiguieron en una camioneta. Habían pasado más de dos meses de su muerte cuando un video del incidente fue publicado en internet, causando una ola de indignación en el país. El Buró de Investigaciones de Georgia asumió las riendas del caso y arrestó a los hombres.
Las autoridades oficiales también han revivido las llamadas “investigaciones de prácticas o patrones”, que raramente fueron usadas bajo el gobierno de Trump. No fueron prohibidas bajo Trump, pero su secretario de Justicia, William Barr, insinuó que fueron usadas excesivamente con anterioridad.
Jeff Sessions fue el primer secretario de Justicia de Trump, pero al renunciar en noviembre de 2018 firmó un memorándum que restringió drásticamente el uso de decretos de consentimiento, que son usados a menudo durante grandes cambios de políticas policiales en una ciudad. El cambio de política dificultó su implementación y requería que altos funcionarios del Departamento de Justicia aprobaran los acuerdos. Eso fue rescindido rápidamente por Garland.
Las autoridades federales han iniciado pesquisas amplias que investigarán las tácticas de la policía en Louisville a raíz de la muerte de Breonna Taylor en la ciudad el año pasado. Una investigación similar de las prácticas policiales en Minneapolis fue anunciada el día después del fallo contra Chauvin.
Esos anuncios han generado la esperanza de que el Departamento de Justicia de Garland examine además algunas investigaciones cerradas. La familia de Tamir Rice, de 12 años, que fue abatido fatalmente a tiros por un policía en Cleveland en 2014 cuando el niño jugaba con un arma de juguete, le escribió una carta a Garland pidiéndole que se reabra la investigación contra el policía.
“La elección del presidente Biden, su nombramiento y su compromiso con el imperio de la ley, la justicia racial y la reforma policial le dan a la familia de Tamir la esperanza de que la oportunidad de responsabilidad no se haya perdido para siempre”, dijo la familia en la carta.