El caso contra el titular de la Fiscalía General de Justicia, Irving Barrios Mojica, y cinco exfuncionarios de la PGR acusados de manipulaciones de testigos ha sido reabierto. El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México citó a una audiencia por la acusación hecha por el excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles.
Tras cinco meses de postergar la primera audiencia del amparo debido a la emergencia sanitaria por por el virus SARS-COV2 (Covid19), la juez Sandra Leticia Robledo Magaña convocó al personal de la Fiscal Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR), Barrios Mojica, la exprocurador Marisela Morales Ibáñez y 4 personas más.
La denuncia contra el fiscal tamaulipeco proviene de su periodo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En el caso también se encuentran señalados Nora Caballero Trejo, Silvia Méndez Mendoza, José de Jesús Ortíz Jiménez y Víctor Hugo Martínez Rocha
El caso de la familia Herrera Valles comenzó en 2008. Los hermanos Arturo, Jorge y el hijo de éste último integraban la Policía Federal. En febrero de ese año, el comisario entregó dos cartas al presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde expuso posibles actos de corrupción cometidos por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Seis meses después, la PF inició un procedimiento disciplinario por presunta conducta indebida, incluidas ausencias no autorizadas contra Jorge Herrera. Al mes siguiente fue despedido de su puesto de comisario y el 4 de septiembre, su hermano Arturo, quien se desempeñaba como inspector general en Villahermosa, Tabasco, fue arrestado por el delito de crimen organizado.
En septiembre de 2008, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó a José Salvador Puga Quintanilla, alias el “Gordo”, junto a otro hombre acusados del delito de secuestro en el Estado de México.
En los días posteriores, “el “Gordo” fue aceptado como testigo colaborador. Bajo el nombre clave “Pitufo” acusó a la familia Herrera Valles de nexos con el Cártel del Golfo. Las imputaciones los llevaron a prisión.
La PGR mantuvo preso a Arturo Herrera hasta el 10 de agosto de 2011, cuando se decretó que no había pruebas en su contra por delincuencia organizada. Sin embargo, Jorge Herrera estuvo cuatro años en prisión por el delito de delincuencia organizada. El 6 de septiembre de 2012, un juez federal decretó su inocencia y ordenó su libertad.
En marzo de 2014, Jorge Herrera denunció a la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales, a su coordinador de fiscales Írving Barrios Mojica, a 3 Ministerios Públicos que participaron en la integración de la averiguación previa en su contra, y los testigos protegidos Pitufo, Roberto López Nájera, con nombre clave Mateo", y Roberto López Nájera, identificado como "Jennifer".
“La denuncia la presenté en marzo de 2014 contra Marisela Morales y los servidores públicos que integraron mi averiguación previa… hubo una serie de irregularidades, ha sido una situación muy complicada porque la PGR en ese tiempo parece ser que ha estado protegiendo a los servidores públicos que yo denuncié. Él (Irving Barrios Mojica) fue el artífice de los testigos protegidos que hicieron tanto daño a muchísimos servidores públicos y que al final de cuentas debe ser investigada su actuación”, expresó Jorge Herrera en entrevista.