Para el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, afrontar este lunes la imputación del supuesto soborno para apoyar la reforma energética en los términos que le ha exigido un juez, es un callejón sin salida.
Si comparece a la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) contempla pedir la “prisión preventiva justificada”, por un probable riesgo de fuga, precisamente porque desde el 5 de julio el político se fue del País.
Y en caso de no afrontar la diligencia, también sería casi un hecho que la FGR no deje pasar mucho tiempo para pedirle al juez de control que lo declare “sustraído de la acción de la justicia”, paso previo para luego solicitar la orden de aprehensión en su contra.
Desde el 26 de agosto, el juez Gustavo Aquiles, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, le advirtió al ex candidato presidencial que en caso de comparecer por videoconferencia debía conectarse físicamente desde algún lugar de la Ciudad de México o sus alrededores.
El 4 de octubre, la segunda ocasión en que se pospuso la audiencia, la defensa de Anaya presentó un recurso de revocación contra esta condición impuesta por el Juez, sin embargo, éste rechazó su pretensión y mantuvo vigente hasta hoy la obligación de regresar a la Ciudad de México para hacerle frente a la imputación.
Por lo menos hasta el viernes pasado, el queretano no había presentado ningún nuevo recurso legal contra la negativa del Juez Aquiles para reconsiderar el requisito que le impuso de ubicarse físicamente dentro de su jurisdicción.