CIUDAD DE MÈXICO
La del Partido Verde es una historia de escándalos. El 5 de junio de 2015, en plena veda electoral de las elecciones intermedias, a un día de los comicios de ese año, apareció en la red social Twitter, una campaña a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsada desde las cuentas de 36 actores, actrices y conductores de Televisa y Tv Azteca, con el hashtag #VamosVerdes.
Seis años después, el pasado sábado 5, el PVEM recurrió a una estrategia similar en la pasada veda electoral: al menos 30 “influencers” hicieron proselitismo a favor de ese partido en las redes sociales.
En 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió sancionar al Verde con una multa de 7 millones de pesos por considerar que la difusión de tuits por personas famosas fue una estrategia propagandística que pudo incidir en los procesos electorales federal y locales de aquel entonces.
Ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) investiga por “posible delito electoral” a 95 personas, sus agencias de publicidad y al PVEM, mientras que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) también abrió una investigación.
Al respecto, la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, dice en entrevista que, tras incurrir en una conducta reiterada, el PVEM debe ser acreedor a una sanción severa o volverá a hacerlo en las siguientes elecciones:
“Ellos se arriesgaron. No sé si su intención era asegurarse de que obtuvieran 5%, que es en general lo que obtienen en cada elección. El INE descuenta la sanción del financiamiento público que tenemos destinado para ellos. Entonces dicen: bueno, me va a costar 7 millones de pesos armar toda esta situación, además tener notoriedad, pues lo hago”.
Historial de trampasTras las elecciones intermedias de 2015 el PVEM sumó una treintena de quejas electorales y tuvo que pagar multas por más de 500 millones de pesos, que lo llevaron a contratar un crédito de 100 millones de pesos con Banco Multiva SA de CV para hacer frente a sus deudas.
Sus reiteradas violaciones a la ley llevaron a que las autoridades electorales analizaran si debía mantener el registro como partido político, después de que ciudadanos solicitaran su cancelación por “el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015”.
Ese año se le acusó, entre otras cosas, de contratar mediante sus legisladores 300 mil mensajes en televisión con fines electorales de manera ilegal, de la contratación de espectaculares en miles de espacios urbanos en todo el país, de la compra y transmisión ilegal de propaganda en salas de cine y de la entrega de miles de tarjetas de descuento, así como la entrega de vales para que los ciudadanos obtuvieran gratuitamente lentes con graduación.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2328 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.