Ciudad de México.
Juan Carlos Limón García, el publicista que estuvo detrás de las campañas de Enrique Peña Nieto para la gubernatura del Estado de México (2006-2012) y después la Presidencia (2012-2018), también se benefició de la llamada “Estafa Maestra”.
Entre 2013 y 2016 recibió más de 64 millones de pesos de recursos desviados, cuyo monto terminó en ByPower, la razón social de Consulta y Estrategia Política SA de CV y Limón Publicistas SA de CV, ambas de su propiedad, de acuerdo con el portal Animal Político.
El entramado se tejió mediante convenios entre estas empresas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en tiempos de Rosario Robles y la Secretaría de Educación Pública cuando su titular era el también exgobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet Chemor, a las que también se involucró a televisoras y dos universidades públicas, indicó.
Así lo declaró Emilio Zebadúa, ex oficial Mayor de Sedatu y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando las encabezaba Robles, quien igual que él busca acogerse a la figura de “criterio de oportunidad”, colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre la llamada “Estafa Maestra” sobre el desvío de 7 mil 600 millones de pesos.
En su testimonio indicó que el dinero desviado se destinó a la publicidad de Peña Nieto cuando ya era presidente y para los ex secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de Sedatu, Rosario Robles, además de la candidatura presidencial de 2018.
Zebadúa explicó que debido a que la publicidad personal no está contemplada en partidas presupuestales, los involucrados encontraron la forma de pagarla con recursos públicos desviando los recursos firmando convenios entre dependencias de gobierno, universidades y organismos de comunicación públicos evadiendo la licitación y subcontratando empresas ilegales o fantasma, para al final desaparecer el dinero.
¿QUÉ MÁS A DICHO?
El 20 de noviembre pasado, Reforma publicó que, en total, 702 millones de pesos fueron empleados para pagar la promoción de Miguel Ángel Osorio Chong para la candidatura presidencial de 2018 y la campaña electoral para la gubernatura de Alfredo del Mazo Maza al Estado de México en 2017.
En su declaración ante la FGR rendida el 19 de octubre pasado, explicó que este financiamiento fue entregado a empresas contratadas por el publicista y director de Consultoría y Estrategia Política ByPower, Juan Carlos Limón, con quien trabajó supuestamente en tres campañas personales.
Zebadúa dijo que le consta que en seis ocasiones recibieron y resguardaron “fuertes cantidades de dinero en efectivo” en las oficinas de Rosario Robles para después enviarlos a diversos sitios en el Estado de México, durante la campaña electoral para “la compra de votos”, entre 2016 y 2017.
Asimismo, declaró que ese dinero salió de contratos suscritos con instituciones educativas de Sonora y Quintana Roo.
“La mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la secretaria para dos fines políticos particulares: (1) campaña de promoción de la figura del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, de la figura de la secretaria María del Rosario Robles Berlanga y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura presidencial en 2018 y (2) para contar con recursos para la propaganda y movilización en elecciones estatales, significativamente la del Estado de México en el 2017”, indicó.
ACTUALIZACIÓN
Animal Político publicó que Zebadúa explicó que para desviar estos 702 millones de pesos, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y otro convenio por 320 millones de pesos con Televisora Hermosillo.
Indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más convenios con recursos distribuidos a decenas de empresas.
“Entre ellas, Consulta y Estrategia Política (ByPower) con 61 millones de pesos de un convenio entre Sedatu y Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintantanarroense de Comunicación Social, Televisión de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, de 2014 a 2016.
Los servicios ofrecidos por la empresa ByPower eran de preproducción, producción y postproducción de cápsulas radiofónicas y audiovisuales alusivos a la seguridad patrimonial o edición de promocionales en medios impresos y digitales de la campaña “Política Nacional de Vivienda”.
Pero cuando los auditores pidieron más información sobre los contratos, el representante legal de la empresa entregó documentos sobre la contratación de personal de la empresa Heyman Asesores SA de CV, lo cual según la ASF significa que “el proveedor no contaba con la capacidad material, técnica y humana para desarrollar los trabajos convenidos por la televisora”.
Añadió que Consulta y Estrategia Política ha sido contratista del gobierno federal, pero entre 2014 y 2016 ganó 32 millones de pesos por contratos oficiales, según los registros de Compranet recopilados en la herramienta https://www.quienesquien.wiki/
Por otro lado, el 25 de noviembre El Universal publicó que Zebadúa identificó al ex jefe de Oficina de Sedesol, Ramón Sosamontes Herreramoro, como el encargado de contactar a los rectores de las universidades públicas para hacer las subcontrataciones destinadas a desviar recursos, los cuales Robles planeaba semanalmente junto a sus colaboradores mientras fue titular de Sedesol y Sedatu.
“Una vez que se habían establecido todos los procedimientos, porcentajes y ruta del dinero, es que se le avisaba a la secretaria sobre los resultados de las reuniones. Si se aprobaba era cuando se citaban a las partes, se elaboraban todos los convenios y contratos y se procedía a la firma de éstos”, después sacaban el dinero en efectivo y lo entregaban en oficinas de Sedesol ubicadas en Paseo de la Reforma 99 y 116, declaró.