Diputados y senadores del PAN, PRD, PT y Morena pidieron al Presidente Enrique Peña Nieto acudir a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con la finalidad de que investigue los casos de espionaje registrados en México.
Piden que ONU investigue casos de espionaje registrados en México
Diputados y senadores del PAN, PRD, PT y Morena pidieron al Presidente Enrique Peña Nieto acudir a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con la finalidad de que investigue los casos de espionaje registrados en México.
Los legisladores de Oposición propusieron la creación de una Comisión de Expertos que brinde acompañamiento y asistencia técnica en las indagatorias, ante la desconfianza que existe en el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR).A fin de garantizar que la investigación que realizará la PGR sobre el espionaje gubernamental sea seria, imparcial y efectiva, el Ejecutivo Federal debe solicitar el acompañamiento de organismos internacionales, pidió la senadora del PAN, Laura Rojas, impulsora de la iniciativa.Los proponentes explicaron que la Comisión externa garantizará la independencia de la investigación, para que se sancione a los responsables, con base en estándares internacionales, y se excluya de las pesquisas a los órganos gubernamentales que puedan estar involucrados.Debido a que la autoridad encargada de realizar las investigaciones ha sido señalada directamente como una de las responsables de llevar a cabo el espionaje gubernamental, se considera necesario el acompañamiento de algún mecanismo internacional de derechos humanos, pidió la panista.La petición al Presidente es respaldada por los coordinadores del PAN y PRD en el Senado, así como por ocho senadores y dos diputados federales.El vicecoordinador de Morena, Miguel Barbosa, presentó una iniciativa para prohibir expresamente cualquier intervención de comunicaciones que no estén enmarcadas en una investigación penal, policial o de seguridad nacional.El proyecto establece que la prohibición también aplica para cualquier tipo de seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o por motivaciones políticas.Se plantea la prohibición absoluta del espionaje político, el fortalecimiento de controles parlamentarios, la restricción proporcional de la intervención de comunicaciones y dispositivos en investigaciones criminales y la sanción a empresas de tecnología que dolosamente participen en intervenciones ilegales, dijo.Por otro lado, senadores del PAN pidieron al titular de la Secretaría de Gobernación y del Cisen, un informe pormenorizado sobre los programas que tenga en marcha para la protección de la intimidad y la privacidad.Los panistas Jorge Luis Lavalle, Mariana Gómez del Campo y Daniel Ávila alertaron también sobre el uso de programas de espionaje que se lleva a cabo desde los gobiernos de los estados.Al menos 12 entidades del País tienen relaciones comerciales con una de las compañías de hackers, dijo Lavalle.Se señaló a los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.Presentan informeEste miércoles, organizaciones de la sociedad civil presentaron en el Senado el informe que revela a detalle los casos de espionaje en contra de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.La investigación fue detallada ante senadores de todos los partidos, convocados por el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Zoé Robledo.El legislador de Morena advirtió que el Congreso está obligado a funcionar como vigilante y contrapeso de poderes ante las denuncias de la sociedad civil sobre el acoso gubernamental.Expuso que, de acuerdo con el informe, el espionaje a una persona tendría un costo aproximado de 77 mil dólares, multiplicado por los 12 casos contenidos, lo que daría un total de 16 millones 632 mil pesos.Esa cantidad equivale al 90.2 por ciento del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, es decir, el Gobierno podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas que en protegerlos, advirtió.