Piden hasta 18 años de prisión para funcionarios espías

Cd. de México.El artículo 177 contempla ya una pena de hasta 12 años de cárcel y una multa de hasta 600 días de salario mínimo contra los funcionarios que intervengan comunicaciones privadas sin una orden judicial. El diputado morenista Alejandro Armenta planteó endurecer la pena de cárcel y la sanción económica e incluyó la inhabilitación de los funcionarios para ejercer cargos públicos. Si quien comete el delito es miembro de las instituciones de seguridad del Estado a nivel federal, estatal o municipal, y valiéndose de ello la realizare, se le aumentará la pena de prisión en una mitad (hasta 18 años de cárcel con multa de hasta 900 días) y será inhabilitado por un periodo de nueve a quince años, propone la iniciativa. Precisa que si el infractor es un funcionario ajeno a las corporaciones de seguridad se le aumentará la pena en una tercera parte -cuatro años de cárcel y hasta 800 días de multa- y será inhabilitado hasta por 12 años. La propuesta añade el agravante de que, cuando la víctima del espionaje sea periodista y defensora de derechos humanos, las penas se incrementarán en una tercera parte. La iniciativa justifica la urgencia de endurecer los controles luego de que se diera a conocer que el Gobierno federal habría utilizado contra activistas, periodistas y enviados diplomáticos el programa de espionaje Pegasus. Agrega que, según información revelada por The New York Times, únicamente agencias de seguridad gubernamentales podrían hacer uso de ese software, que habría costado hasta 80 millones de dólares. Cuando la información es obtenida de manera ilegal por los órganos de seguridad del Estado y es utilizada con fines políticos, los instrumentos para la seguridad se desdibujan y pervierten, advierte. Y exigen cuentas al SNA La senadora Dolores Padierna criticó la negativa del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a requerir información al titular del Ejecutivo federal y a otras dependencias gubernamentales sobre el uso de Pegasus. Mediante un punto de acuerdo, la legisladora perredista relató que el pasado 3 de julio el Comité de Participación Ciudadana del SNA solicitó al Comité Coordinador requerir esos datos. No obstante, precisó, la solicitud fue arbitrariamente rechazada por el Comité Coordinador, que alegó con argumentos limitados y restringidos, que el delito de espionaje no podía considerarse un acto de corrupción. Padierna acusó a los integrantes del Comité Coordinador de desconocer las atribuciones constitucionales del SNA, entre las que está la recolección y sistematización de información para encuadrar posibles actos de corrupción. La perredista pidió a la Comisión Permanente hacer un extrañamiento al Comité Coordinador y exigirle atender la petición del Comité de Participación Ciudadana.