Piden extraditar a Javier Duarte

Ciudad de México El gobierno federal presentó ayer a Guatemala su petición formal de extradición contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien busca juzgar en México por delincuencia organizada y lavado de más de 439 millones de pesos. A través de la Embajada de México en ese país, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR hizo llegar su pedido, previo a que se cumplieran el plazo de 60 días establecido en la legislación en la materia. “A las 15:45 horas recibimos solicitud formal de extradición del ex Gobernador de Veracruz #Javier Duarte, la cual trasladamos al MP a las 16:00 horas”, confirmó el Ministerio de Relaciones de Guatemala, en su cuenta de Twitter. La legislación e instancias de la justicia guatemalteca son muy similares a las mexicanas, es decir, en este caso el juicio de extradición puede ser litigado con el recurso de amparo y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Es decir, Duarte podría tardar hasta un año en ser entregado a México si decide litigar hasta la última instancia y pierde su juicio de extradición. La defensa del exmandatario dijo hace casi dos meses que, una vez que el gobierno federal formalizara su solicitud de extradición, Duarte iba a definir si se allanaba o no a ese pedido, es decir, si aceptaba su entrega inmediata a México. Por ahora, sus abogados no se han pronunciado al respecto. Hasta donde se pudo verificar, la PGR sólo tramitó la solicitud formal de extradición por la primera orden que giró Gerardo Moreno García, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Reclusorio Norte, por lavado de dinero y delincuencia organizada. En este caso, a Duarte se le imputa haber transferido 439 millones 662 mil 979 pesos del erario veracruzano a empresas “fachada” y lavarlo mediante la compra venta simulada de terrenos en Campeche, para luego invertir el dinero en la adquisición y remodelación de un rancho en Valle de Bravo. Sin embargo, no es el único. Existen otros tres mandatos judiciales, uno de ellos por el delito federal de obstaculizar e interferir en el desarrollo normal de las votaciones, ya que presuntamente dejó de dar presupuesto al Organismo Público Electoral de Veracruz.