México.
Alexander López sabía que su vida corría riesgo. Llevaba meses recibiendo llamadas telefónicas cargadas de amenazas de muerte a causa de una disputa por unas tierras en el Estado de Nayarit, al oeste de México.
La pelea por los terrenos en la zona se había vuelto insostenible por lo que, junto a un grupo de vecinos, decidió acudir al Gobierno federal. Durante una visita en mayo de Andrés Manuel López Obrador a Bahía de Banderas, en esa entidad, un puñado de habitantes de la región liderados por el joven atajaron la caravana presidencial para manifestarse y solicitar protección.
“Te voy a ayudar, ve con el gobernador”, le dice el mandatario frente a la prensa local, “te va a atender mañana”. “Mañana yo voy”, responde él.
La asistencia por parte del Gobierno estatal nunca llegó. A los cinco días de su conversación con el presidente, López, de 24 años, desapareció.
Todo sucedió entre el 12 y el 17 de mayo. Después del intercambio con López Obrador la tarde del domingo, López se acercó el lunes 13 junto a su madre y a su pareja a la oficina del gobernador del Estado, el conservador Antonio Echevarría.
“Fue a pedir desesperadamente que lo ayudaran”, cuenta la abuela, Francis Vázquez, “y ahí le dijeron que no, que le daban cita para dentro de 15 días”. Durante esa semana, las intimidaciones continuaron, pero con más intensidad. “A los dos días me dijo ‘¿qué crees?, ya me amenazaron con que si intento acercarme al gobernador me van a matar”, recuerda que le dijo su nieto ese miércoles.
El secuestro ocurrió finalmente el viernes por la noche, cuando López volvía con su pareja y su sobrina, de 12 años, hacia Tepic, la capital del Estado. Dos camionetas con gente que vestía unos uniformes “parecidos al de los marinos” los esperaban al costado de la carretera, donde habían arrojado tachuelas para pinchar las ruedas del coche, según el relato de Vázquez. “Lo bajaron del carro, lo esposaron y lo metieron en la cajuela de una camioneta”. Pese a que en ese momento los secuestradores se llevaron a los tres, la mujer y la niña fueron liberadas el domingo 19. “A ellas las soltaron, pero a mi nieto no lo hemos vuelto a ver”.
La desaparición de López fue un golpe más a una familia que ha sido marcada por el conflicto territorial. La lucha por las tierras llevó a su padre, Ignacio López, a prisión en septiembre de 2018, por lo que ellos denuncian como “delitos fabricados”. En enero de este año, la madre y el tío del joven fueron secuestrados. A ella la liberaron después de ocho días, solo después de que su marido, ejidatario de San Clemente de Lima, firmara desde la cárcel la venta de unos terrenos. Mientras que al hombre nunca más volvieron a ver.
En el sur del Estado, donde se encuentra la Riviera Nayarit, las disputas territoriales se dan incluso con más violencia. El desarrollo turístico en una de las costas más atractivas de México ha provocado que el precio de los terrenos se eleve y profundice la disputa. La falta de regularización de las tierras ha desencadenado una serie de denuncias cruzadas entre grupos de vecinos, los presidentes de los ejidos y la Procuraduría agraria por amenazas, extorsión, secuestros y asesinatos. “Aquí te matan rapidito, te desaparecen y te entierran. La situación es riesgosa porque hay un maridaje entre Gobierno estatal y asociaciones delictivas”, señala Vargas, el abogado de la familia.
A casi dos meses del secuestro, el caso recobró vida la semana pasada, con el regreso de López Obrador a Nayarit. Durante una conferencia de prensa en la que el presidente anunciaba junto al gobernador Echevarría la baja de los homicidios en el Estado, una reportera le contó lo sucedido con López. “Se trata de la vida de un joven de 24 años que confió en usted”, le reprochó la periodista Patricia Aguilar ante la estupefacción del mandatario. “Y luego confió en el gobernador y el resultado fue su desaparición”. Sin mucho que replicar, López Obrador encargó al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, asumir el asunto. “Vamos a atender tu denuncia, ahora mismo”, dijo, “que aparezca con vida, eso es lo más importante, lo demás ya se verá”.
Las acusaciones de la familia por el secuestro de López apuntan contra grupos criminales de la zona y las autoridades estatales. La abuela del joven recuerda que, a los pocos días del secuestro, un secretario particular del gobernador se comunicó con ellos para decirles que estaba a cargo de las negociaciones, cuenta Vázquez. “¿Por qué negocia la libertad de un secuestrado si es un funcionario público?”, reprocha el abogado de la familia, Jorge Vargas.