La International Chamber of Commerce México (ICC México) dijo que las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior propiciará perder casi 30 por ciento de las operaciones que se realizan solamente por puertos, impactando al empleo y a la recaudación de impuestos desde el punto de vista de los importadores.
Además, señaló que el decreto prácticamente adquirirá un efecto expropiador porque la infraestructura para descarga de recintos fiscalizados que existe en los puertos es, en su mayoría, de propiedad privada.
El pasado 11 de junio, el Gobierno federal publicó un decreto que establece que la autorización para el despacho en Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para las mercancías de petrolíferos, hidrocarburos, minerales y otros precursores químicos, sólo podrán tenerla las Empresas Productivas del Estado, en perjuicio de las empresas de la iniciativa privada.
En un comunicado, la ICC México indicó que la medida también representa un gran golpe económico no sólo por lo que ya existe y se va a perder, sino también por lo que se va a dejar de invertir, además de que la consideró discriminatoria porque solamente las Empresas Productivas del Estado podrán tener dicha autorización.
"No sólo afecta a los privados que tienen la autorización para despachar en los LDA, sino a sus clientes y toda la cadena productiva, logística y de distribución en los sectores alimenticio, farmacéutico y otros, que resultará en un impacto significativo en la existencia de productos y en los precios para el consumidor final", destacó.
Consideró que también podría provocar desabasto de hidrocarburos y productos relacionados, ya que las propias Empresas Productivas del Estado dependen, en gran medida, de las importaciones de los particulares.
La cámara también destacó que la norma es contraria a los fundamentos por los que México se integró a tratados internacionales de libre comercio, entre ellos, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero también el Acuerdo de Cooperación Económica con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés).
Por otra parte, la ICC México reiteró su respaldo al gobierno en el combate a la ilegalidad y dijo que su obligación es aplicar la ley, pero hizo un llamado a proteger los derechos fundamentales para el desarrollo económico y social del país como son la libertad de trabajo, la competencia económica, el libre comercio, la igualdad, la confianza legítima y el trato no discriminatorio.