El domingo 18 de junio 2017, el New York Times publicó en su primera plana un amplio reportaje que detonó una bomba informativa en México: un reportaje elaborado con datos de la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) y del Citizen Lab exhibía operaciones de espionaje realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el poderoso spyware Pegasus para intervenir, de manera ilegal, celulares de una decena de periodistas y defensores de derechos humanos en el país, entre ellos Carmen Aristegui e integrantes de su equipo de investigación.
Menos de tres semanas antes de publicarse el texto, una agencia del gobierno mexicano que tiene las características del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) seleccionó el número de Azam Ahmed, entonces corresponsal del New York Times en México, en la misma plataforma Pegasus desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
El número del hombre apareció entre más de 50 mil datos telefónicos seleccionados por agencias gubernamentales clientes de NSO Group que consultó Proceso en el marco del Pegasus Project, una investigación colaborativa que involucra a más de 80 periodistas de 17 medios repartidos en 10 países, coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.
Pero el reportero del New York Times y Carmen Aristegui –quien participó también en Pegasus Project- no fueron los únicos blancos del aparato de espionaje de Peña Nieto: en apenas un año y medio, agencias de su gobierno registraron en sus plataformas Pegasus los celulares de más de 15 mil personas, de las que se pudieron identificar por lo menos 25 periodistas –seis de ellos trabajaban entonces en Proceso y uno, el periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, fue asesinado algunas semanas después-, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición.
Durante un año y medio, agencias de gobierno de Peña Nieto registraron, en promedio, más de 33 objetivos de ciberespionaje al día, a un ritmo varias veces mayor al de regímenes autoritarios como Arabia Saudita, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Ruanda, India, Azerbaiyán, Hungría o Kazajistán, que también fueron clientes de NSO Group.
Resulta imposible afirmar que, en todos los casos, las selecciones derivaron en ataques y que instalaron Pegasus en los teléfonos de sus víctimas. En aquel entonces para conseguir la infección se necesitaba que el usuario diera clic en un vínculo malicioso, enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico.
Pegasus es un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite a una agencia de gobierno acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de un objetivo, incluyendo mensajes –SMS, Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería-- y correos; también capta la geolocalización, permite consultar el historial, vigilar la geolocalización en cualquier momento, escuchar las llamadas, y tomar el control del micrófono de la cámara cuando lo desee.
Ocho contratos publicados por instituciones y --sobre todo-- por la prensa en los últimos nueve años muestran que tres agencias federales de seguridad operaron la plataforma Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto: el Cisen, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De estas tres agencias, el análisis de los datos del Pegasus Project apuntan a que el Cisen fue la institución que seleccionó a prácticamente todos los periodistas mexicanos; varias fuentes de seguridad consultadas en el marco de esta investigación colaborativa coinciden en que, de los tres clientes oficiales de NSO Group, el Cisen y la Sedena utilizaban Pegasus sin autorización judicial, dejando abierta la puerta a abusos y arbitrariedades.
De los más de 50 mil datos telefónicos a los que tuvieron acceso Forbidden Stories y Amnistía Internacional, más de 15 mil corresponden a México; durante meses, Proceso y los demás medios aliados los analizaron, cruzaron y verificaron, con lo que pudieron identificar, con un alto margen de certeza, qué agencia del Cisen, de la AIC y de la Sedena seleccionaron a algunas víctimas de Pegasus.
Los datos también sugieren la existencia de un cuarto ente, no identificado, que realizó una menor cantidad de ataques pero los dirigió exclusivamente hacia personajes políticos de primer nivel.
En el marco de esta investigación, los medios asociados buscaron por muchas vías distintas una manera de comunicarse con el expresidente Enrique Peña Nieto, entre ellos sus hijos, un exabogado, el PRI y excolaboradores; algunos no contestaron, y otros dijeron que no tenían forma de hacerle llegar un cuestionario.
En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación internacional, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien era titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) –y por ende responsable del Cisen, negó categóricamente y reiteradamente los hallazgos de esta investigación.
Afirmó que durante su gestión al frente de la Segob, “nunca se autorizó ni se tuvo conocimiento sobre la existencia o el uso del software al que se refieren. También afirmó que “nunca se ordenó ni se tuvo conocimiento del uso de Pegasus, contra nadie”.
Sin embargo, en un comunicado emitido en mayo de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que el Cisen operó Pegasus entre 2014 y 2017, y aclaró que ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –que sustituyó el Cisen-- ni la Guardia Nacional “cuentan con el servicio del sistema Pegasus”, ya que “el gobierno del Licenciado Andrés Manuel López Obrador decidió no renovar la licencia de operación”.
Este trabajo forma parte de una serie de reportajes que Proceso publicará a lo largo de la próxima semana en el marco de Pegasus Project, y que exhibirán la magnitud del espionaje ilegal operado desde el gobierno de Peña Nieto.
Amenazado y espiado
En el dispositivo que usaba en aquel entonces –meses después de publicar su libro sobre el pacto electoral entre Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa--, Álvaro Delgado recibió un mensaje acompañado por un vinculo malicioso. El mensaje fue enviado en la tarde del 3 de agosto de 2016, y decía: “Hola Álvaro, únicamente paso a saludarte y enviarte esta nota de The Guardian (sic) que parece importante retomar”. Dicho mensaje coincide con la selección del número del periodista en los datos telefónicos.
“Siempre supe que podía estar en la lista de periodistas espiados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como no tuve duda que estuve espiado durante el gobierno de Felipe Calderón, y desde antes (…) he sido un periodista muy crítico del priismo, específicamente del peñismo”, dice Delgado en entrevista, y analiza que “El espionaje, cuando se hace de manera ilegal, parte de un régimen autoritario; lo que demuestra este espionaje es el terror que se genera en los ámbitos del poder político sobre resultados de investigaciones periodísticas.”
Marcela Turati, fundadora de la Red de Periodistas De a Pie y enlace de periodistas amenazados o desplazados en el país, subraya: “no me vulneraron solo a mí, hay que recordar que 2016 y 2017 fueron los años de los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdéz. Espiarme a mí, de alguna manera, era espiar a periodistas organizados para enfrentar amenazas y para dar apoyo a periodistas que estaban amenazados, y esto es muy grave”.
En estos años, Turati investigaba, entre otros, sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las masacres de personas migrantes en Tamaulipas. “he sentido vulnerada mi seguridad digital en estos años: desde hackeos, robos de memorias, de bases de computadoras, robos a mi computadora personal, y cosas raras: teníamos bloqueados ciertos IPs, no podíamos entrar a la página del Ejército, cosas así; recibíamos llamadas tratando de desviar nuestras investigaciones, falsas pistas; personas que se presentaban de manera muy rara para dar información que resultaba falsa o peligrosa”.
“Por estas fechas también es cuando empezamos a investigar a los mexicanos en vínculo con el caso Odebrecht, y en particular nos centramos sobre el personaje de (Emilio) Lozoya; fue una de nuestras primeras publicaciones con Quinto Elemento Lab”, dice Rodríguez Reyna.
Alejandra Xanic, también cofundadora de Quinto Elemento Lab, recuerda que “noté que algo extraño ocurría con mi celular por el contenido de los mensajes de texto; tengo la impresión de que los primeros fueron genéricos, como si fueran SMS de un corporativo, pero después llegaron otros hechos a la medida: en uno me decían ¿no has visto la nota en MILENIO que involucra a Nacho (Rodríguez Reyna) con narcotráfico? refiriéndose a un colega de trabajo”.
"El mensaje que capturó mi atención llegó cuando tenía la guardia baja. Mis alumnos en la universidad estaban haciendo algún ejercicio cuando capté en la pantalla del celular que alguien me escribió algo como: acaba de morir mi mamá, te necesito cerca. Le dí click. El celular comenzó a tener un comportamiento errático. Esto pasó mucho antes de que fuera público el espionaje a otros periodistas y activistas. Me recomendaron deshacerme de él”.
La lista no termina aquí: en cuestión de días, esa agencia –probablemente el Cisen-- también trató de intervenir el dispositivo Ricardo Raphael, de la conductora Yuriria Sierra y de Luis Herández Navarro, editor en La Jornada.
“Hay una broma que circula”, comenta Hernández: “Que uno sea paranoico no quiere decir no lo persigan. Aparecer en la lista de periodistas espiados confirma que la ironía puede ser la mejor forma de capturar la libertad” (…) detrás del espionaje por parte de poderosos, no solo hay una grave violación al derecho a la privacidad, sino también el reconocimiento de su incapacidad para entender lo que realmente acontece en la sociedad”.
Sierra, por su parte, reflexiona que “no tenía ni idea pero tampoco me extraña porque soy periodista en México, y este sistema de Pegasus lo usan aquí desde hace años (…) me molesta porque vulnera el derecho a la privacidad, pero no me asusta”.
El gobierno de Peña Nieto también buscó espiar a periodistas cercanos al régimen priista, como el columnista Salvador García Soto, así como Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, Raymundo Riva Palacio, fundador de Eje Central, los columnistas Ricardo Alemán y Pablo Hiriart –quienes cobraron 8 y 5 millones de pesos de publicidad oficial en 2018, respectivamente-- o Lourdes Mendoza, acusada por Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, de recibir regalos y pagos de Luis Videgaray Caso.
Gobierno Espía
El 17 de mayo de 2017, ante los gobernadores de los 32 estados de la República o sus representantes, Peña Nieto adoptó un tono serio, e incluso pidió un minuto de silencio por “todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado”.
Después de un largo discurso en el que habló de su indignación ante la violencia contra la prensa, concluyó: “Lucharé hasta el último día de mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita”, y hasta aseveró: “México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos”.
Apenas tres meses antes, se había documentado que su gobierno había tratado de espiar a Alejandro Calvillo, el doctor Simón Barquera y Luis Encarnación, todos promotores del impuesto a los refrescos para combatir la grave crisis de diabetes. Y apenas un mes después se publicó el reportaje del New York Times, el cual mostró una magnitud mucho mayor del espionaje ilegal, y sumó “GobiernoEspía” a la larga de lista de escándalos que mancharon la administración de Peña Nieto.
El reportaje documentó por ejemplo que la periodista Carmen Aristegui, su hijo –entonces menor de edad--, así como los periodistas Sebastián Barragán y Rafael Cabrera, integrantes de su equipo de investigación --quienes revelaron el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto-- habían sido víctimas de reiteradas tentativas de espionaje a partir de principios de 2015.
Los datos telefónicos del Pegasus Project muestran que el gobierno del mexiquense también ingresó en sus plataformas de Pegasus a una hermana de Aristegui, así como a una de sus asistentes en CNN y su productora en el portal de noticias en Internet Aristegui Noticias, que abrió después de ser expulsada de MVS Radio, propiedad de Joaquín Vargas Guajardo, por presiones políticas.
“Fue una gran sorpresa ver otros cercanos míos en la lista”, dice Aristegui, y agrega: “tengo seis hermanos, y al menos uno de ellos, mi hermana, estuvo seleccionada en el sistema (…) mi asistente sabía todo de mi; tenía acceso a mi agenda, a todos mis contactos, las 24 horas y los siete días de la semana”.
El reportaje de Ahmed también reveló que el gobierno federal trató de espiar directivos del Centro de Derechos Humanos Juan Agustín Pro (Centro Pro); Juan Pardinas, entonces director del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) --ahora director de Reforma-- y Alexandra Zapata; el conductor de Televisa Carlos Loret de Mola, así como los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, entonces integrantes de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Días después, la revista Eje Central publicó un reportaje en el cual citó informes internos del Cisen, los cuales reportaban 729 operaciones de espionaje llevadas a cabo entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de 2015 “a través de un malware que tiene capacidades idénticas al de origen israelí, conocido como Pegasus”.
Entre los nombres que señalaba el reportaje figuraban los de los periodistas Carmen Aristegui y Raymundo Riva Palacio, así como José Ramón López Beltrán, funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), artistas, familiares de políticos, funcionarios de alto nivel –como Alfonso Navarrete Prida, entonces secretario de Trabajo y Previsión Social--, abogados, medios, activistas, sindicalistas, jueces y legisladores.
Después del escándalo, varias víctimas de espionaje interpusieron una denuncia ante la extinta PGR, que abrió una carpeta de investigación. El 12 de julio de 2017, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH exhortó a que la investigación sea “exhaustiva e independiente”; por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Sedena, la PGR y el Cisen que realicen una investigación sobre los abusos de Pegasus “con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia”.
Cuatro años después, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha dado a conocer los resultados de su investigación, ni ha judicializado el caso. La intervención de comunicaciones sin mandato judicial es un delito planteado en el artículo 177 del Código Penal Federal, el cual prevé penas de 6 hasta 12 años de cárcel.
“No podemos decir que esto ya se terminó, porque no sabemos qué ha hecho este gobierno por la denuncia que se puso en el tema de Pegasus, y tampoco vemos una depuración de las estructuras en algunas áreas de la PGR, donde se han albergado las cabecillas de estos grupos dedicados al espionaje”, deplora Turati.
“¿Qué alcances tuvo esto? ¿a quiénes sirvieron con este espionaje? ¿cómo vulneró este espionaje el trabajo y la seguridad de personas que luchan por sus derechos ? Pienso en activistas en defensa del territorio, el agua y tantos más que han estado en tan grave riesgo y acecho. ¿A quiénes sirvió? ¿cómo conectan estas tramas diversas? Lo que exhiben es de suma importancia. Faltará tener muy claras respuestas”, reflexiona Xanic.
Carmen Aristegui y Sebastián Barragán (Aristegui Noticias), Paloma Dupont de Dichenin (FS), Juan Omar Fierro (Proceso), Nina Lakhani (The Guardian), Lilia Saúl (OCCRP) y Mary Beth Sheridan (Washington Post) colaboraron en la realización de este reportaje.