Jueces federales ordenaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el desbloqueo de las cuentas de la mamá, un hermano y la esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Además, la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, parte de su patrimonio, se vio favorecida con la decisión judicial.
En el Juzgado Séptimo de Distrito del Décimo Noveno Circuito se decidió que 4 cuentas y 2 más de inversión a nombre de José Manuel, hermano mayor del político panista, queden abiertas. Igualmente, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger obtuvo la suspensión para 3 cuentas de su propiedad.
En el mismo estrado, el juez Héctor Gastón Solórzano Valenzuela instruyó quitar el candado a 3 cuentas de la Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, empresa en la cual son socios la familia García Cabeza de Vaca.
En el Juzgado Octavo de Distrito, Mariana Gómez Leal, esposa del mandatario tamaulipeco, obtuvo una suspensión provisional contra el bloqueo financiero en una cuenta en BBVA Bancomer y otra en Banco Mercantil del Norte, refiere el listado de notificaciones.
El pasado 19 de mayo, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que ordenó congelar 12 cuentas personas físicas y 25 de personas morales, que presuntamente son parte de la red financiera del gobernador de Tamaulipas.
En las cuatro resoluciones, los juzgados solicitaron informe previos a la Secretaría de Hacienda sobre el motivo de los bloqueos y citaron al personal de la UIF y la parte quejosa para audiencias que se realizarán el 14 de junio de 2021.
El pasado 27 de mayo, ante el ordenamiento de desbloquear las cuentas del senador Ismael García Cabeza de Vaca, la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que el bloqueo de las cuentas bancarias permanecerá a pesar de la decisión del juez federal, debido a que la acción es parte de una investigación internacional.
La UIF dijo que presentará informes con las constancias que justifica el bloqueo de cuentas bancarias relacionado con compromisos internacionales al Juzgado federal. El mantenimiento está argumentado con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).