La captura del exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler el lunes 25 semeja más a un acto de revanchismo político que de justicia. Su detención repite el ciclo de perversión que llevó a la cárcel a su predecesor Luis Ángel Bravo Contreras. Y es que, en las últimas administraciones –incluida la del morenista Cuitláhuac García–, los gobernadores han convertido a la Fiscalía General del Estado en su brazo represor contra los opositores.
XALAPA, VER.
La suerte del exfiscal de Veracruz Jorge Winckler Ortiz estaba echada desde la llegada de Morena al poder.
Su cargo significaba el último reducto político de los panistas y el enlace directo con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien al calor de las elecciones en la entidad –que ganó Morena– se había enfrentado con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El hijo del exmandatario, Miguel Ángel Yunes Márquez, había perdido la gubernatura frente a Cuitláhuac García Jiménez, quien muchos meses antes de ser electo había sellado el destino de -Winckler: “Es un inepto, voy a pedir que le hagan juicio político”, declaró en mayo de 2018 en un desayuno con candidatos.
Cuando Yunes Linares ganó la gubernatura de Veracruz (2017-2018), impulsó a Winckler –su amigo y abogado personal– como fiscal de Veracruz. El Congreso estatal lo nombró en el encargo por nueve años (2016-2024); apenas alcanzó a cumplir dos años en el puesto.
La llegada de Winckler interrumpió el periodo de otro fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, alfil del priista Javier Duarte, quien gobernó entre 2010 y 2016. Bravo también fue nombrado por nueve años (2015-2024), pero en 2016 renunció y entregó la fiscalía a los panistas.
Dos años después, fue detenido por desaparición forzadaCuitláhuac García no tenía ni un mes en el gobierno cuando desde el Congreso local se intentó la destitución de Winckler mediante dos juicios políticos; ambos fallaron. Pero el 3 septiembre de 2019, tras varios enfrentamientos, fue removido por la diputación permanente del Congreso local por incumplir con los exámenes de control y confianza que exigía la ley.
Verónica Hernández Giadans, identificada con Morena y quien fungía como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno a cargo del polémico Éric Cisneros, fue nombrada entonces encargada de la fiscalía en un albazo legislativo.
Ese mismo día, cientos de policías antimotines tomaron por asalto el edificio de la fiscalía para permitir la llegada de Hernández. En mayo de 2020 fue ratificada en el cargo por el Congreso local para un periodo de nueve años (2020-2029).
La última aparición pública de Winckler fue la noche del 3 de septiembre de 2019, cuando acusó la ilegalidad del proceso de destitución, aunque aseguró que contaba con la certificación, nunca la mostró.