Al inicio de la actual administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció atender a los migrantes y garantizarles una estancia segura y digna en el País, sin embargo el pasado jueves anunció que la Guardia Nacional desplegará más elementos en la frontera norte para contener los flujos migratorios, situación que se aleja de sus planteamientos iniciales.
Los nuevos elementos, cuyo número no fue precisado, se sumarán a los casi 26 mil agentes que ya participan en el denominado "Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur", el cual se puso en marcha luego de las presiones ejercidas por el ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2019 amagó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se contenía a los migrantes en México.
Ayer terminó la aplicación del Título 42 bajo el cual las autoridades estadounidenses deportaban en automático por razones de salubridad a quienes ingresaran a su territorio de manera indocumentada. Esto generó una falsa expectativa entre los migrantes de que ahora sería más fácil cruzar la frontera, por lo que los flujos de personas se incrementaron en los últimos días.
En concordancia con las medidas adoptadas por Estados Unidos, que desplegó a 24 mil agentes de distintas corporaciones, así como mil 500 soldados en servicio activo y unos 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, el Gobierno mexicano decidió aumentar el estado de fuerza en la franja fronteriza.
Este despliegue contrasta con lo ocurrido el 23 de enero de 2019, cuando la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudió al puente fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y desde ese lugar ofreció empleo a los migrantes y afirmó que el Gobierno federal extendía una "mano generosa" a las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica.
"Hemos ofrecido la posibilidad de trabajar y obtener un salario en nuestro País", indicó, ante el júbilo de migrantes reunidos en el lugar.
Un par de semanas antes, la funcionaria había asegurado que se daría acceso ordenado y seguro a los migrantes que quisieran transitar por territorio mexicano hacia Estados Unidos y para ello se les extenderían visas de residente temporal, trabajador fronterizo, solicitante de condición de refugiado, visitante por razones humanitarias, visitante regional o persona en tránsito hacia otro país.
El nuevo enfoque que pretendía dar la administración era la de dar un trato humano y digno a los migrantes y buscar resolver de fondo el tema migratorio. Para esto último buscó convencer a Estados Unidos de que invirtiera 20 mil millones de dólares en una especie de plan de desarrollo para el sur de México y Centroamérica que detonara el desarrollo y evitara que sus habitantes migraran en la búsqueda de mejores oportunidades de vida.
Sin embargo, las buenas intenciones duraron poco. De acuerdo con el ex Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, México aceptó fungir como un especie de tercer país seguro al acoger a los migrantes solicitantes de asilo en ese País durante el tiempo que durara su proceso.
"El plan de Ebrard era simple: México aceptaría en privado permitir que Estados Unidos devolviera a casi todos los migrantes que transitaban por México a Estados Unidos para solicitar asilo. Su principal petición fue la siguiente: él no firmaría nada y no habría ningún anuncio público sobre este plan", escribió Pompeo en sus memorias, dadas a conocer en enero pasado.
El Canciller Marcelo Ebrard negó que México hubiera aceptado ese acuerdo, sin embargo, en los hechos, se desplegó a la Guardia Nacional y se reforzó al Instituto Nacional de Migración (INM), que endureció sus políticas de admisión e incrementó la presión sobre los migrantes, ocasionado con ello tragedias como la ocurrida el pasado 27 de marzo, en donde 40 migrantes murieron tras un incendio registrado en una estación migratoria.