Las nuevas disposiciones en el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) han empezado a sacar chispas entre las empresas, los sindicatos y sus trabajadores. A partir de su entrada en vigor, EU ha utilizado sus nuevos poderes para denunciar posibles violaciones a los derechos laborales en México. En lo que va del año, EE UU ha solicitado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la revisión de cinco posibles violaciones a los derechos laborales en las plantas manufactureras, entre las que figuran VU Manufacturing, General Motors y Panasonic, entre otras. La inercia ha sido tal que otras compañías han empezado a actuar por su cuenta, sin necesidad de denuncias, para alinearse a los nuevos tiempos. En algunos casos, ha llevado a nuevas elecciones de líderes sindicales, mientras que en otros, como con la alemana Volkswagen, aún están en plena faena para acordar un nuevo contrato colectivo. En tanto, la Administración asegura que la mejora en estas relaciones de poder no se debe a la vigilancia de los estadounidenses.
Si bien México debía, desde hace más de 70 años que firmó el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), garantizar la libertad sindical a los trabajadores, esto no ha sido una realidad. Centrales obreras como la CROC y la CTM se transformaron en aparatos políticos que garantizaban elecciones, mientras sus líderes han sido acusados de corrupción, de presión a través de la desestabilización y de buscar beneficios personales a cambio de estar sometidos a la voluntad de su patrón.
Legitimación de contratos
- - Uno de los compromisos derivados del TMEC es la legitimación de los contratos colectivos de trabajo por los propios trabajadores sindicalizados a través de un voto personal, libre y secreto.
- - Un aval con el que se pretende terminar con los convenios laborales simulados que propician salarios precarios y condiciones laborales mínimas.
- - La obligación, ya incluida en la reciente reforma laboral mexicana, establece que dichos convenios deberán ser legitimados por los sindicalizados a través del voto directo a más tardar el 31 de marzo de 2023.
- - Sin embargo, a menos de un año de que venza el plazo, apenas han sido legitimados poco más de 5.800 contratos, de un universo de más de 500.000 documentos registrados ante la Secretaría del Trabajo.