El informe final de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa está en sintonía con la posterior actuación de la FGR y de la Presidencia de la República: excluye de la investigación a una presunta red de militares que, según denuncias y testimonios ministeriales, participaron en distintos grados en los hechos que resultaron en la desaparición de los estudiantes.
- CIUDAD DE MÉXICO
El Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer el 18 de agosto, omite la actuación de los integrantes de las Fuerzas Armadas durante la noche de Iguala. Se limita, en unas cuantas líneas, a lo ya sabido: que el Ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolzin.
Lo acusaFuera del documento, una semana después acusó al excomandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, de ordenar el asesinato y desaparición de seis normalistas. Encinas exime a cualquier otro mando.
Pero a diferencia de esa acusación, la orden de detención contra Rodríguez Pérez, quien en 2015 ascendió a general brigadier, se emitió por delincuencia organizada debido a sus supuestos vínculos con el grupo Guerreros Unidos.
Junto con esa orden de detención, que se ejecutó el 27 de agosto, se giraron las del subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota, por su presunta vinculación en la desaparición forzada y con la delincuencia organizada. Al capitán Crespo, preso desde 2019 por delincuencia organizada, se le añadió el delito de desaparición forzada.
Esa es la versión oficial del gobierno de López Obrador, a la que se apegó la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de la que Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la propia FGR, el día 18 de agosto había solicitado a la justicia federal órdenes de aprehensión contra 83 personas, 20 de ellas militares.