- Estado de México, México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que elementos de la Guardia Nacional violaron a una mujer y realizaron actos de tortura contra otras dos personas en marzo pasado en Ecatepec, Estado de México.
A través de la recomendación 74VG/2022, la CNDH relató que también la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se negó a recibir la denuncia de los agraviados y a investigar estos hechos que ocurrieron el 3 de marzo, según relataron las propias víctimas.
"(CNDH dirigió recomendación) a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad personal por detención arbitraria, a la libertad sexual por realizar actos de esa naturaleza en una persona sin su consentimiento, así como a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de dos personas, atribuibles a elementos de la Guardia Nacional (GN)", señaló el organismo en un comunicado.
De acuerdo con la versión de las propias víctimas, el pasado 3 de marzo, agentes de la GN ingresaron de manera ilegal a una vivienda de la Colonia El Mirador, en Ecatepec, ahí golpearon y violaron a una mujer, a quien sacaron a la calle para mostrarla al resto de sus compañeros y posteriormente la ingresaron al domicilio para seguir golpeándola y después abandonarla.
La mujer acudió a denunciar los hechos a la agencia del Ministerio Público y se encontró con un joven que había sido detenido ilegalmente, torturado a bordo de la patrulla y despojado de sus pertenencias por los mismos elementos militares que viajaban a bordo de la patrulla con número económico GN 303317.
Como la Fiscalía mexiquense en ambos casos se negó a iniciar las carpetas de investigación respectivas, las víctimas dieron a conocer sus casos y, en el caso de la primera agraviada, una cámara captó parte de los abusos cometidos por los agentes.
"Ante tales agravios, la CNDH solicitó, tanto a la SSPC como a la FGJEM que colaboren en la inscripción de las personas agraviadas en el Registro Nacional de Víctimas y procedan a la reparación integral de los daños ocasionados, incluyendo una compensación justa.
"Además, que se otorgue a las víctimas la medida de rehabilitación necesaria, a través de la atención médica y psicológica, y se impartan cursos integrales de capacitación en materia de derechos humanos dirigido a los servidores públicos implicados en los hechos, así como al personal desplegado en el Estado de México y encargado de recibir denuncias en dicha entidad. Los contenidos deberán ser efectivos para prevenir hechos similares", indicó.
Tras darse a conocer los hechos, la Unidad de Asuntos Internos de la GN inició una investigación que después turnó a la Fiscalía de Justicia Militar y esta declinó competencia en favor de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde la carpeta de investigación continúa en integración.