El amparo fue presentado el 18 de julio. Martín Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, dio hoy a Gálvez cinco días para hacer varias aclaraciones a su demanda, antes de resolver si la admite a trámite, y en su caso, si concede una suspensión provisional.
Las "declaraciones imputando hechos y haciendo calificaciones que van en perjuicio de los derechos humanos" son el acto que Gálvez reclama a López Obrador, según registros del Consejo de la Judicatura Federal.
El amparo alega violaciones del Presidente a cuatro artículos de la Constitución, incluidos los que obligan a las autoridades a fundar y motivar legalmente todos sus actos, a respetar los derechos humanos, y el que establece los derechos de las personas imputadas por algún delito.
La andanada de ataques contra Gálvez llegó a su punto máximo el 14 de julio, cuando el Presidente exhibió una lista con los ingresos que han obtenido sus dos empresas entre 2015 y 2023, información confidencial que probablemente fue obtenida por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El mismo 14 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a López Obrador abstenerse de seguir haciendo comentarios o críticas sobre aspirantes a cargos públicos, lo que el Ejecutivo acató hasta el 18 de julio.
Sin embargo, el Presidente ha seguido refiriéndose a Gálvez en las mañaneras, ya no directamente, sino mediante una sección denominada "No lo Digo Yo", en la que difunde videos de otras personas criticando a la senadora panista.
En el pasado, los jueces se han mostrado renuentes en general a considerar que las afirmaciones del Presidente en sus conferencias son actos de autoridad que se puedan someter a escrutinio judicial por medio de un amparo.
En este caso, el juez Santos podría argumentar que el amparo no procede porque el tema ya está bajo jurisdicción del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero la propia Xóchitl Gálvez logró, en junio pasado, una sentencia favorable, en la cual un juez de Distrito en Materia Civil resolvió que las mañaneras son actos de autoridad, y ordenó permitirle derecho de réplica.
La Presidencia de la República ya impugnó ese amparo, que no tiene que ser cumplido mientras es revisado por un tribunal colegiado de circuito.