- CUERNAVACA, Mor
Su solicitud de amparo y protección de la justicia federal ocurre luego que el juez de Control activó un proceso en contra del exgobernador por el delito de abuso de poder y tráfico de influencias, porque al final de su administración (2012-2018) obtuvo un préstamo del Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) para adquirir una camioneta de lujo.
Conforme con el juicio de amparo rubricado con el número 1327/2023, el exgobernador obtuvo la suspensión provisional el 27 de septiembre el miércoles pasado ante "la ilegal orden de aprehensión, girada en mi contra por la autoridad señalada como responsable", cita la solicitud de amparo.
El juzgado federal determinó conceder la suspensión provisional para que no sea detenido y sólo sí se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa.
El caso se remite a 2019 cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió la denuncia contra el exgobernador por los delitos de abuso de poder y tráfico de influencias, sin embargo, en abril de 2021 resolvió el no ejercicio de la acción penal porque no encontró elementos suficientes para procesar a Graco Ramírez y su exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y por lo tanto tampoco un ejercicio de acción penal.
Sin embargo, los abogados del ICTSGEM se inconformaron y un juez de Control especializado dio curso al proceso.
El créditoNueve días antes de abandonar el cargo de gobernador, el político perredista Graco Ramírez obtuvo un préstamo del ICTSGEM para la adquisición de una camioneta "porque a partir del 30 de septiembre, fecha en que concluye su responsabilidad administrativa al frente del Poder Ejecutivo, dejará de hacer uso del vehículo oficial", argumentó el gobierno estatal en un comunicado.
El crédito fue autorizado por el entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y también fungió como aval del mandatario morelense.
El Instituto precisó que el 21 de septiembre de 2018 se autorizó un crédito al entonces gobernador para la adquisición de una camioneta marca Chevrolet, modelo Traverse, por un monto de 600 mil pesos, bajo el argumento de ejercer su derecho como trabajador al servicio del Estado.
La anterior administración justificó la solicitud de Graco Ramírez al decir que el político no recibiría pensión ni jubilación al dejar el cargo, y el hecho de que su nombramiento terminara a partir el último día de septiembre no lo eximía del pago del crédito otorgado.