Los sindicatos independientes mexicanos han encontrado un aliado inesperado para defender los derechos de los trabajadores: un tratado de libre comercio. Desde que entró en vigor el TMEC, EE UU ha presentado tres quejas laborales contra plantas en México por presuntas violaciones de la libertad de asociación, la última de ellas esta semana. Los sindicatos ven el tratado como un recurso útil y rápido para forzar una democratización de la vida sindical, todavía dominada por un puñado de grandes agrupaciones. Sin embargo, los expertos afirman que el mecanismo no es la panacea y que tiene un carácter principalmente disuasivo.
La planta de Panasonic en Reynosa está en pie de guerra. Los trabajadores rechazaron en octubre el contrato colectivo, negociado por el sindicato de siempre y la multinacional japonesa. Eso abrió una pelea entre la CTM, una de las asociaciones más poderosas de México, y el SNITIS, un sindicato independiente de reciente creación. El segundo ganó la elección con un 75% de los votos. Pese a la victoria, el SNITIS ha denunciado que la multinacional japonesa ha firmado un contrato con la CTM, sin mediar elección, y que durante los últimos meses ha estado descontando cuotas sindicales del salario de los trabajadores.
En medio de este embrollo, el SNITIS ha acudido a una opción nuclear: el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC, el tratado comercial de Norteamérica. Eso no ha gustado a la CTM. “Ahora resulta que me acusan de entreguista a los intereses extranjeros, pero yo busco cuanto recurso haya para defender los derechos laborales, y las violaciones al TMEC son un recurso”, explica la abogada laboralista Susana Prieto, una de las líderes del SNITIS y también diputada por Morena. “Vamos a ver cómo se resuelve”. EE UU aceptó esta semana la validez de las pruebas y presentó la queja ante las autoridades mexicanas, que tienen diez días para responder y 45 para completar la investigación y proponer una solución.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
El caso de Panasonic es el tercero que denuncia EU en algo más de un año. Los tres están relacionados con la industria automotriz, la joya de la corona del sector exportador mexicano. La denuncia contra la planta de General Motors en Silao, que ya estaba siendo investigada por el Gobierno mexicano, llevó a una repetición de una votación, en la que la CTM fue derrotada. El segundo caso, contra la planta de Tridonex en Matamoros, fue rechazado por México porque antecedía a la entrada en vigor del mecanismo. De todos modos, EU presionó para extraer ciertas concesiones de la empresa: indemnizaciones a los trabajadores despedidos y su compromiso de respetar la libertad sindical.