La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora dictó una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por un reo que fue herido violentamente y falleció mediante asfixia por ahorcamiento en el interior del penal de Nogales, en junio de 2023.
Con esta recomendación se busca fincar responsabilidades penales y administrativas contra personal del Centro de Reinserción Social (Cereso).
El presidente de la CEDH, Luis Fernando Rentería Barragán, informó que dicha recomendación ya fue aceptada por la autoridad, por lo que lo que la institución supervisa su cumplimiento, al igual que el de otras catorce emitidas y aceptadas tan sólo este año.
El ombudsman detalló que la Comisión tuvo conocimiento de este caso por una publicación que en junio de 2023 se hizo en medios electrónicos, por lo que de oficio inició su investigación y solicitó informes de los hechos a las autoridades correspondientes.
En dichos reportes se explica que la víctima directa fue encontrada en un área del Cereso, con diversas lesiones en su cuerpo y ya sin signos vitales; según la autopsia, debido a los golpes que le fueron infligidos.
Conforme a la investigación, deliberadamente las autoridades penitenciarias dejaron de vigilar por un amplio margen de más de dos horas a las personas que se encontraban al interior de la institución, tiempo en el cual la víctima fue privada de la vida violentamente.
Este resultado se derivó de una serie de acciones permitidas y consentidas por la autoridad, que no se trataron de meras omisiones, sino de decisiones voluntarias y conscientes frente a la obligación de prevenir riesgos en las personas que se encuentran bajo su resguardo.
Como tales, son vigilarlas y protegerlas, así como el tomar las providencias necesarias para salvaguardar su integridad, todo lo cual fueron elementos decisivos para que la víctima perdiera la vida.
El suceso resulta violatorio de los derechos establecidos en los artículos 1 y 22 de la Constitución mexicana; el 1, 2 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el 2, 6, 7 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Por lo anterior se emitió la recomendación por la cual la Secretaría de Seguridad Pública estatal deberá investigar y sancionar a quienes hayan cometido las violaciones descritas.
Además, emitir un acto de disculpa pública, y mediante capacitación en derechos humanos al personal a su cargo procurar la no repetición de este tipo de hechos; así mismo, se habrá de incluir a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas.