La reforma judicial quedó firme. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición contra la legislación heredada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un ríspido debate de siete horas.
Los ocho votos requeridos para invalidar la elección de jueces por voto popular, como lo propuso el ministro Juan González Alcántara Carrancá, no se alcanzaron porque desde el inicio de la histórica discusión el ministro Alberto Pérez Dayán consideró que el Alto Tribunal no tiene facultades para revisar el contenido de las reformas constitucionales, sean éstas estructurales o no.
"Resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez, llevada irresponsablemente al texto supremo, con otra insensatez equivalente, convencido de que esta acción de inconstitucionalidad a partir de sus precedentes debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma", argumentó.
Por lo anterior, el bloque contra la reforma de los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar quedó en siete votos, insuficientes para alcanzar la votación calificada.
En una maniobra, la presidenta Piña Hernández intentó que se aplicaran seis votos y no ocho, como lo señala la reforma judicial para invalidar una norma, pero después de un receso de una hora fue rechazado por el pleno, por lo que a la Corte no le quedó de otra que dejar sin efecto las impugnaciones del PAN, PRI y de Movimiento Ciudadano.
"La reforma constitucional es válida sin necesidad de nuestros reconocimientos, ése es un principio y lo dejamos claro", sentenció el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien aunque se pronunció por los seis votos para anular parcialmente la norma, según la literalidad del artículo 105 constitucional, dijo que lo conveniente era "autocontenernos" porque "las reglas del juego no se establecen en plena jugada".
Al iniciar la sesión, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, envió un mensaje al país en el que aseguró que el Máximo Tribunal era consciente sobre la decisión que tomaría respecto a la constitucionalidad de la reforma judicial.
Ante el pleno, Piña Hernández aseguró que no es exagerado "afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país.
"Somos conscientes del peso histórico que conllevará esta decisión. Sabemos el eco y la importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos. Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que en cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten estará presente el juramento que cada uno pronuncio cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución de la República", refirió.
Acto seguido, el pleno rechazó la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama de aplazar la discusión por la reforma de la supremacía constitucional.
Luego, el pleno de la Suprema Corte determinó que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano tienen legitimidad jurídica para impugnar la reforma judicial, a través de la acción de inconstitucionalidad.
Durante la discusión de estos apartados, la ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que la Suprema Corte no tiene competencia para conocer de una acción de inconstitucionalidad que busca invalidar una reforma constitucional, el diseño del Estado de derecho.