La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denunció ante la ONU que la reforma judicial es regresiva y sólo pretende concentrar los tres poderes de la Unión en una sola persona.
Al iniciar la 57 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, la Juez federal Abigail Ocampo Álvarez, directora Nacional de Atención a Juzgados Especializados de JUFED, expuso que la iniciativa presidencial viola los derechos humanos de los impartidores de justicia.
"Hoy le digo al mundo: esta reforma al Poder Judicial de México es regresiva, sobre las condiciones de vida y sobre los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales en la vida de las personas juzgadores y la única finalidad que tiene es concentrar los tres poderes de la Unión en una sola persona", dijo durante su intervención.
"Esta reforma al Poder Judicial de México, propuesta por el Presidente de la República y avalada por una mayoría parlamentaria... tiene múltiples afectaciones y violaciones a sus derechos humanos de corte regresivo entre las cuales destacan a la independencia judicial, pues la elección popular de jueces puede aumentar el riesgo de los candidatos, personas juzgadoras, a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos al crimen organizado, o a los propios votantes, lo que implica emitir resoluciones violando la independencia y la imparcialidad".
Ocampo Álvarez expresó que desde el 2018 el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado en sus conferencias matutinas y redes sociales a realizar ataques mediáticos, demostraciones, intimidación directas e insinuaciones de ilicitud de los fallos de los juzgadores federales.
Dijo que estrategia mediática "se traduce en tratos humillantes", altera el estado de ánimo, genera ansiedad, aflicción e inestabilidad emocional en los impartidores de justicia, y una afectación a la salud mental que compromete la independencia de los juzgadores para resolver sus expedientes.
De acuerdo con la Juez Abigail Ocampo Álvarez, la reforma también causa una afectación a los proyectos de vida y las familias de los impartidores de justicia, porque propone cesar a mil 600 juzgadores federales y no les permite ejercer la abogacía durante dos años, en violación al derecho humano al trabajo y la dignidad humana.
El cese, agregó, desconoce derechos laborales adquiridos, como la carrera judicial, salarios, prestaciones accesorias y seguridad social, al tratarse de un despido injustificado.
"Las familias de todos los jueces son víctimas indirectas de dicha reforma, primero, por los ataques mediáticos que se hacen públicos y, segundo, pues al perder su trabajo implica implica la violación de derechos humanos de los integrantes de su familia, tales como la educación, salud, vivienda, patrimonio, recreación, seguridad, entre otros, pues la remuneración que reciben por ese trabajo como defensores de derechos humanos es el principal medio de manutención de ellos y de su familia, por lo que es lógico que la reforma atenta también contra la estabilidad económica familiar", dijo.
Agregó que otro de los daños es a la seguridad social y el derecho a la jubilación, porque los miembros del PJF perderán todas las prestaciones de salud al ser cesados y se desconocen los años trabajados, ya que sólo se propone una indemnización mínima.
"Además, también se afecta todas las personas jubiladas, porque existiría una reducción en la pensión de la cual gozan actualmente", agregó Ocampo.
Plantean aumentar número de juzgadoresEl ex Procurador General de la República, Diego Valadés, consideró que una reforma judicial debe considerar la ampliación del número de juzgadores para combatir el rezago del trámite de los expedientes.
Durante su intervención en la 57 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, el también investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dijo que el promedio de juzgadores en México es menor que otros países.
"Vale la pena tener en cuenta que sabiendo la necesidad de esta reforma y conociendo los aspectos que deben ser atendidos, como por ejemplo, el número de juzgadores que existen en el País es de 5 por cada 100 mil habitantes, frente a la media europea, por ejemplo, que es de 19, o a otros casos dentro de nuestro propio hemisferio como Costa Rica, que son 25, es decir, 5 veces más que en México.
"Combatir el rezago sin una ampliación significativa del personal de juzgadores es menos que imposible", expuso. También mencionó que otro aspecto que afecta el litigio son las miles de escuelas de Derecho que en México están fuera de toda regulación.
"También sabemos que hay otras limitantes que afectan el acceso a la justicia y su ejercicio, como el caso de contar en México con alrededor de 2 mil 300 escuelas de Derecho, que carecen de todo tipo de regulación en cuanto a su calidad profesional y también carecemos de la colegiación obligatoria de los abogados, por lo cual no existe tampoco un órgano incumbido de certificar la calidad profesional y la idoneidad ética de quienes litigan en los juzgados", comentó Valadés.
El constitucionalista Diego Valadés dijo que estos elementos que debieran ser considerados para la reforma han sido propuestos por el Consejo de la Judicatura Federal, la academia y los foros jurídicos del País, pero no fueron escuchados en ningún momento para la elaboración de la iniciativa ni dictámenes de la reforma.