CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reestructura de la Administración Pública Federal (APF) de la Presidenta Claudia Sheinbaum que eleva de 19 a 22 el número Secretarías de Estado.
La reforma que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal plantea que la Secretaría de la Función Pública se convierta en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que tomará las funciones de vigilancia y acceso a la información pública que actualmente hace el INAI y que la mayoría prevé desaparecer en otra reforma constitucional.
Además, ordena la creación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, de la Secretaría de las Mujeres y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que concentrará funciones en materia de telégrafos, identidad digital de los ciudadanos y políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno federal.
Tras aprobar dos reservas presentadas por Morena para agregar a las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana "dirigir la política de prevención social de las violencias" y establecer que los recursos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pasen a la nueva Secretaría de las Mujeres, la reforma fue avalada y turnada al Senado.
Durante la discusión, la mayoría y la Oposición coincidieron en la necesidad de crear las Secretarías de las Mujeres y de Ciencia, Humanidades, tecnología e Innovación; no obstante, las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre los riesgos que implica concentrar funciones que hoy se encuentran desconcentradas o que están a cargo de organismos autónomos, como el INAI.
El emecista Miguel Ángel Sánchez consideró que la reforma representa una oportunidad para fortalecer algunos aspectos de la Administración Pública, pero también plantea preocupaciones, porque algunas medidas podrían debilitar las instituciones en lugar de fortalecerlas.
Dijo que un área crítica es la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya que las modificaciones plantean que asuma las funciones de transparencia y acceso a la información de la Administración Pública Federal que actualmente tiene el INAI, con lo que ésta se convertiría en juez y parte.
"Esto, sin duda, aumenta el riesgo de opacidad y, eventualmente, de corrupción () No podemos concentrar en el Gobierno una función que debería de ejercerse sin conflicto de intereses", dijo.
El legislador agregó que las modificaciones contemplan también la creación de una base nacional de información en salud, que obligaría a servicios públicos y privados a reportar información nominal de los pacientes, lo que es especialmente delicado, ya que la información es privada y personal y su manejo requiere de los protocolos más estrictos de confidencialidad.
El priista Andrés Mauricio Cantú indicó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de elaborar y conducir políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que convertirá al Ejecutivo federal en autoridad en materia de competencia económica de los sectores antes mencionados.