Ciudad de México.- Las escenas eran apocalípticas. Una montaña de humo negro envolvió la ciudad de Guanajuato, los primeros días del mes de mayo.
- Las autoridades locales suspendieron las clases y llamaron a la población para que no saliera a la calle a menos de que fuera estrictamente necesario.
Las recomendaciones también incluían no abrir las puertas y las ventanas de las casas porque el aire "podía ser tóxico" y afectar a personas vulnerables.
Aves cayeron muertas del cielo por toda la ciudad y otras especies fueron afectadas por el paso del fuego. Autoridades, activistas y pobladores aseguraron que se trató de una tragedia ambiental, una amenaza que se replica en el 87% de los basureros que existen en México y que tienen condiciones similares de funcionamiento que este, en Guanajuato.
María Isabel Ortiz Mantilla, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (SMAOT) había reconocido que el incendio que comenzó el 1 de mayo en la comunidad de Nochebuena, en la capital del Estado, daba señales de alarma:
"Es un incendio de alta complejidad, por el tipo de residuos que ahí se encuentran, denominado de nivel 4?, aseguró en un mensaje donde aparecía acompañada del titular de salud del Estado, Daniel Díaz.
Sin embargo, pese a la referencia de los residuos y sustancias potencialmente tóxicas, no se llevó a cabo ningún protocolo de seguridad, y las autoridades se limitaron a emitir recomendaciones básicas que sometían a la voluntad de sus pobladores.
La Asociación Internacional de Desechos Sólidos (ISWA, por sus siglas en inglés), clasifica a los incendios en los vertederos de acuerdo a su peligrosidad en cuanto al tipo de materiales que alberga.
Tomando como referencia lo mencionado por Ortiz Mantilla, el nivel 4 describe fuegos grandes o que se asientan profundamente, cuyo control requiere de más de dos semanas, y que "pueden combustionar cantidades de materiales que habitualmente rebasan los 5.000 metros cúbicos".
En Guanajuato, unas 13 hectáreas (de las 40 que conforman el terreno concesionado para el vertedero) fueron arrasadas por el fuego, que se mantuvo activo durante más de una semana. Además, aun durante la emergencia, entre 90 y 120 toneladas de basura se siguieron depositando en ese sitio.
Para los activistas ambientales y académicos guanajuatenses, que vivieron y respiraron todos los días durante varias semanas una nube tóxica de humo, el incendio pudo ser evitable.
Sofía González, activista ambiental que forma parte del Frente ciudadano por el manejo integral de residuos, lo que sucedió en mayo fue el resultado de años de indiferencia por parte de las autoridades:
"Fue totalmente evitable, fue el resultado de una mala práctica política y que creo que con una correcta gestión esto no volvería a suceder. Sabíamos que muy probablemente había pesticidas, entonces, si los pesticidas se quemaron, ¿qué más se quemó?, el montón de químicos y agroquímicos que están flotando por el aire.
Y claramente como no se ven, pues no preocupa mucho a la población en general", cuenta.
Lo que más le preocupa, por ejemplo, a la doctora Michelle Farfán, catedrática de la Universidad de Guanajuato e integrante de varios colectivos preocupados por el medio ambiente, es lo que descubrió al tratar de investigar las partículas que comenzaron a respirar a partir de esos días en que duró el incendio:
"Buscamos información respecto a los tipos de sustancias que se estaban monitoreando y fue ahí que nos dimos cuenta de que únicamente en la ciudad de Guanajuato se tiene una estación que está en la Universidad y que solamente mide el material particulado PM 2.5 —partículas asociadas con el aumento de enfermedades respiratorias y la disminución del funcionamiento pulmonar—, mientras que existen otros contaminantes, como las PM 10 —sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otro—, que quedan fuera del registro."
Tras la emergencia ambiental, y después de que autoridades locales declararan que clausurarían el lugar por no cumplir con la norma (NOM 083 SEMARNAT), que regula los sitios de disposición final de residuos, este periódico solicitó hablar con el alcalde de Guanajuato, el panista Alejandro Navarro, quien estuvo presente en las labores para apagar el fuego, sin recibir una respuesta.
La comunidad guanajuatense no se ha quedado quieta.
Aunque la mayoría de las personas no detectan un peligro que parece invisible ante sus ojos, una veintena de colectivos de la sociedad civil se han reunido en el Frente ciudadano por el manejo integral de residuos a partir de la tragedia y han insistido en la creación de planes de gestión —a través de un pliego petitorio que le fue entregado al Ayuntamiento local desde el 31 de mayo— y en la necesidad de que el Gobierno local responda a todas las preguntas y necesidades que le han expresado desde hace años.
El 87% de basureros que corren el mismo peligro
Información oficial del Gobierno mexicano indica que el 87% de los tiraderos de basura en el país son a cielo abierto y solo el 13% son rellenos sanitarios. Es decir, en cada vertedero del país que funciona exactamente igual —o incluso en peores condiciones— que el de Guanajuato, solo por mencionar un ejemplo, persiste una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Renato Iturriaga, investigador del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C., asegura que lo que ha experimentado a partir del incendio, es incertidumbre y confusión.
Por un lado, las autoridades minimizaban la situación, y por otro, se cancelaban las clases, recomendaban no salir y los efectos en la salud de varios de sus amigos decían otra cosa.
"La práctica de los fuegos en el basurero es una más de las prácticas totalmente irregulares de un tiradero no normado, de un tiradero este que ignora completamente las reglas de seguridad. Que desaparezca el humo no quiere decir que desaparezcan los problemas", dice.
Otro ejemplo ha sido el incendio en el basurero al aire libre de Tepotzotlán, en el Estado de México, en marzo pasado, un par de meses antes que el de Guanajuato, ese vertedero, aseguran los vecinos, es clandestino y se encuentra en un área natural protegida. Un símbolo de todo lo que está mal en este y en la mayoría de lugares donde se depositan los desechos de los mexicanos.
La NOM 083, la guía perfecta que no se respeta
La Norma Oficial Mexicana 083, regula la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la ubicación del espacio donde serán llevados. También vigila y recomienda prácticas para el diseño, construcción, operación, clausura, monitoreo y obras complementarias para llevar la basura.
Con ello, se trata de garantizar, al menos en papel, la protección del ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y de los recursos naturales y la minimización de los efectos contaminantes. El 87% de los basureros al aire libre estarían infringiendo la norma y llevando al límite a las poblaciones vulnerables que viven cerca de este tipo de lugares.
El viernes, el Frente Ciudadano por el Manejo Integral de Residuos de Guanajuato, integrado por académicos, activistas y ciudadanos de a pie, consiguieron que finalmente, tras dos meses de protestas, peticiones y acciones con la sociedad civil, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, se comprometiera tener una reunión con la agrupación.
"Hemos logrado que el Ayuntamiento acepte reunirse con nosotros para abordar nuestro pliego petitorio. A pesar de la inicial falta de respuesta del alcalde a nuestra solicitud de reunión, perseveramos durante dos meses en nuestra petición", han publicado en sus redes sociales, sin embargo, el escenario es distinto ahora.
Cuando las llamas han sido apagadas y ni la población en general ni las autoridades creen que exista un problema real tras el desastre ambiental del pasado mes de mayo.
El problema del manejo de los residuos sólidos urbanos continúa sin un rumbo claro para su gestión.