El entorno económico en Latinoamérica no ha dado señales de mejoras sustanciales tras sufrir los embates de la pandemia. En ese contexto de inflación al alza y deterioro de las condiciones laborales, un estudio reciente recomienda proteger los programas sociales de transferencias directas, particularmente los que condicionan el pago de dinero a familias de bajos ingresos al cumplimiento de metas sanitarias y educativas de sus hijos.
En los últimos 20 años, estos planes gubernamentales —focalizados en los grupos de mayor vulneración— han prevenido las muertes de casi 740.000 vidas de infantes de menos de 5 años en Brasil, México y Ecuador (una caída de 24% en la mortalidad), de acuerdo con un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) de la Fundación la Caixa.
Mientras más consolidados y monitoreados estén los programas, mejores resultados aportarán, dijeron los investigadores principales del proyecto a América Futura. Es así como, en los municipios donde detectaron mayor cobertura, también identificaron una menor incidencia de enfermedades relacionadas a la pobreza como diarrea, malnutrición, tuberculosis, malaria o VIH/sida, entre otras.
"Era importante identificar el retorno de la política", explica Davide Rasella, investigador de ISGlobal y coordinador del análisis. "Pero el objetivo era el futuro, porque estamos en un mundo de policrisis, de extrema vulnerabilidad; vivimos la crisis de las 3C: el clima, el conflicto de Ucrania y la crisis poscovid. Además, la inflación está aumentando".
MEJORAN CONDICIONESA pesar de haber experimentado una leve mejoría en las condiciones de vida a partir del 2021, cuando los confinamientos se empezaron a relajar, la región aún no retoma su ritmo de crecimiento prepandemia, según alertó a finales del año pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Al menos 201 millones de personas viven en pobreza en América Latina y el Caribe, o un 32% de la población. De ellos, unos 82 millones (el 13%) se enfrenta a la pobreza extrema, es decir, se ven imposibilitados de cubrir necesidades básicas vitales como sanidad, educación, alimentación o vivienda. La Cepal, incluso, llamó a los Estados a abordar con urgencia la situación "para evitar el riesgo de una generación perdida".