Luego de que la tarde de ayer el Senado de la República avalara en lo general y en lo particular la reforma sobre la prisión preventiva oficiosa (PPO), pasará la discusión a los 32 Congresos estatales.
Dicha reforma busca imponer prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos de extorsión, uso de comprobantes fiscales falsos y tráfico de fentanilo.
Debe ser aprobada por al menos 17 Congresos estatales para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. Hasta el momento estos son los estados que la han aprobado:
Sonora
HERMOSILLO, Son.- El Pleno del Congreso de Sonora aprobó, por mayoría, la minuta de Reforma Constitucional enviada por el Senado de la República en materia de prisión preventiva oficiosa.
El diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) dio lectura al documento que, con el objetivo de dotar de mayores facultades a las autoridades judiciales en el combate a la inseguridad, amplía el catálogo de delitos en los que el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa.
Entre estos delitos se incluyen la extorsión, el tráfico de fentanilo y actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales.
En este tema, los diputados Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) y Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN), así como las diputadas Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) e Iris Fernanda Sánchez Chiu (PRI), argumentaron su voto en contra de la minuta.
Por su parte, la diputada Rosángela Amairany Peña Escalante (PES), al manifestarse a favor, destacó la necesidad de un cambio profundo en el Poder Judicial y los beneficios que esto traerá para la población.
Zacatecas
La Legislatura de Zacatecas aprobó con 14 votos a favor y 10 en contra, la reforma del artículo 19 de la Constitución Política, en materia de prisión preventiva oficiosa que amplía el catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar.
Los diputados de las fracciones del PAN, PRI, PRD y MC se manifestaron en contra y en sus intervenciones dejaron en claro que esta reforma es contraria a los postulados de la propia Constitución en materia de derechos humanos, al recalcar que la medida es violatoria del derecho a la libertad personal, vinculado al principio de presunción de inocencia que es la columna vertebral de un debido proceso.