La Fiscalía General de la República pidió a la justicia federal condenar a 82 años de prisión a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, en el primer proceso que le iniciaron por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el Caso Iguala.
En el escrito de acusación, presentado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, también pide que le impongan al exprocurador general de la República el pago de 20 mil días de multa, equivalentes a un millón 792 mil 400 pesos.
Para llevar al hidalguense a juicio y buscar que sea declarado culpable, la FGR ofreció en la acusación un total de 177 datos de prueba divididos en 69 testimonios, 43 peritajes y 65 documentales.
La de Murillo es la pena más alta que ha sido pedida por la Fiscalía por los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Al desglosar la pena de prisión, la Fiscalía pide imponerle 10 años de cárcel por delitos contra la administración de la justicia, 12 por tortura y 60 por desaparición forzada.
Presentada ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la acusación tiene una novedad con respecto a la imputación original, bajo la que Murillo Karam fue procesado el pasado 24 de agosto.
Se trata del castigo contemplado para el delito de desaparición forzada.
El año pasado fue procesado por ese ilícito, conforme al Código Penal Federal que estaba vigente cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, y que contemplaba una pena máxima de 40 años de prisión.
Esta vez, en la acusación se pidió sancionar al exprocurador conforme a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP), vigente desde el 18 de noviembre del año 2017, que establece una pena máxima de 60 años.