Ciudad de México.- La justicia de México ha llamado a cuentas a la constructora española OHL por los escándalos de corrupción que han envuelto de principio a fin una de sus vialidades insignes en el Estado de México, el Viaducto Bicentenario.
La Fiscalía General de la República ha acusado ante un juez que la filial mexicana de Obrascón Huarte Lain (OHL) obtuvo ilegalmente la concesión para explotar económicamente, mediante el cobro de peaje, esa vía elevada de 22 kilómetros de longitud, que fue construida entre el Estado y Ciudad de México para descongestionar el tráfico en la zona conurbada de la capital mexicana. En el centro de la acusación está un puñado de altos cargos del gobierno priista de la entidad, su gran bastión histórico hasta la derrota del año pasado.
- El juez ha citado a comparecer este jueves a cuatro exfuncionarios del gobierno estatal y a exdirectivos de la compañía, el más importante de estos José Andrés de Oteyza, que fue presidente del Consejo de Administración de OHL México hasta 2015.
Ese año, De Oteyza se vio forzado a dimitir del cargo luego de que salió a la luz una serie de escuchas de conversaciones entre altos cargos de la compañía y funcionarios mexiquenses (del PRI) que sugerían enjuagues corruptos para favorecer los negocios de la firma en infraestructura carretera en ese Estado.
La Fiscalía también ha acusado a Sergio Hidalgo Monroy Portillo, que fue director general de OHL México entre 2013 y 2020, y a Rubén López Barrera, que tomó el relevo y actualmente ostenta el cargo, según los expedientes de la causa judicial. Los otros acusados son cuatro exfuncionarios de la Administración de Alfredo del Mazo en el Estado de México (2017-2022) a los que la Fiscalía señala de haber firmado en 2020 un documento que pretendía "legalizar" la concesión entregada a OHL más de una década atrás. Se trata de Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos.
La FGR ha integrado la carpeta de investigación a partir de un conjunto de denuncias presentadas por el abogado Paulo Díez. El centro de la acusación es que el Viaducto Bicentenario se construyó, ilegalmente, sobre una vía general de comunicación (la carretera México-Querétaro, a la que el viaducto se encuentra permanentemente incorporado). Las concesiones sobre vías generales solo pueden ser otorgadas por el gobierno federal, nunca por los gobiernos estatales. No obstante, el gobierno mexiquense entregó a OHL un título de concesión en 2008 para construir el Viaducto Bicentenario, y le dio el derecho de cobrar a los usuarios una cuota de peaje desde entonces y hasta 2038.
El gobierno estatal ha defendido que tenía el poder de concesionar la explotación de la vía porque, décadas atrás (concretamente, en 1983), el gobierno federal le "entregó" el control sobre ese bien nacional. El problema, de acuerdo con la Fiscalía, es que no hay pruebas de esa supuesta entrega de la Federación al Estado, de modo que la concesión dada por el gobierno estatal a la firma española está sustentada en el aire.
Cuando OHL obtuvo el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario, era gobernador del Estado de México, el priista Enrique Peña Nieto, a la postre presidente de la República. La filial mexicana, que cambió de nombre a Aleática, opera en el país desde 1979. Pero sus negocios han florecido principalmente en el Estado de México, al amparo de los gobiernos del PRI. Tan solo allí, la compañía obtuvo contratos para construir más de 200 kilómetros de carreteras con concesiones de operación de hasta 30 años. Aunque el Viaducto Bicentenario fue concesionado en la gestión de Peña Nieto, ni este ni ninguno de sus colaboradores han sido imputados aún por la Fiscalía.
- El juez Daniel Ramírez Peña, titular del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez (Estado de México), decidirá, en la audiencia de este jueves, si existen pruebas suficientes para vincular a proceso a los acusados
- Esta es la misma causa en la que fue denunciado el primer consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, por presuntamente haber utilizado sus influencias para ayudar a que la empresa no perdiera el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario
- La Fiscalía, de momento, no ha imputado a Scherer en esta primera audiencia.
Julio Sherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia de la República