CIUDAD DE MÉXICO .-Un juez federal procesó a René Dávila de la Vega y a René Dávila Díaz, accionistas de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), empresa en la que presuntamente captaron ilegalmente 800 millones de pesos de Segalmex.
De acuerdo con la imputación, Corafi es la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) que fungió como intermediaria en la compra ilegal de certificados bursátiles por la que también se encuentra procesado René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo descentralizado.
De la Vega y Dávila fueron vinculados a proceso por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por el delito de captación ilegal de recursos, sancionado con 7 a 15 años de prisión por la Ley de Instituciones de Crédito.
Los hechos que les atribuyen se refieren a contratos de intermediación bursátil que celebró Corafi con Segalmex y Liconsa, para captar 800 millones de pesos sin tener autorización para realizar ese tipo de actividades.
La Procuraduría Fiscal de la Federación emitió una opinión de delito en la que señala que Corafi no tenía permiso alguno para celebrar fideicomisos y captar recursos, razón por la que tampoco estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Corafi fue constituida en 2009 por Dávila de la Vega y Alejandro Díaz Ceballos Rubio.
Ambos procesados impugnaron el fallo del juez y enfrentan su procedimiento en libertad provisional.
El caso tiene su origen en una denuncia de hechos presentada el 16 de abril de 2021 por Carlos Antonio Dávila Amerena, entonces director de Asuntos Jurídicos de Segalmex y principal denunciante de los presuntos actos de corrupción en el organismo.
La investigación refiere que desde el 20 de julio de 2018, Liconsa ya tenía suscrito con CI Casa de Bolsa un contrato de intermediación bursátil para que la institución financiera comprara, vendiera, diera y recibiera en garantía, guardara o administrara los valores, como representante del cliente.
Siete días después de esa fecha fue constituido el fideicomiso CIC/3050, con Financiera Corafi como fideicomitente; CI Banco, como fiduciario; y Monex Casa de Bolsa, en su carácter de representante común.
Nada que llamara la atención de las autoridades ocurrió hasta el cambio de sexenio, con la fusión de Liconsa y Diconsa en Segalmex.
De febrero de 2019 al 25 de junio de 2020, Gavira firmó cartas de instrucción en las que autorizó a Jesús Blancas Cabrera, promotor de CI Banco Casa de Bolsa, comprar los certificados de intermediación bursátil privada con dinero del nuevo organismo descentralizado.
La entidad gubernamental transfirió los recursos al citado fideicomiso, bajo la promesa de recibir cada seis meses meses un pago con una tasa de rendimiento fijo anual del 11 por ciento.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación revisó el convenio, descubrió que en el estado de cuenta de junio de 2020 Linconsa obtuvo rendimientos de 11 millones 183 mil 300 pesos, pero en diciembre del mismo año ya no hubo pago alguno.
Después de que Gavira saliera de Segalmex, hubo reuniones para tratar de gestionar el reintegro de los recursos.