- CIUDAD DE MÉXICO
El pasado 23 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México resolvió que toda la información bancaria entregada por Brasil y Suiza a la FGR, para probar los supuestos sobornos de la constructora brasileña a Lozoya, era ilícita, debido a que no fue obtenida mediante una orden judicial.
El tribunal canceló por mayoría de votos el valor probatorio de estas pruebas clave por violar el secreto bancario y resolvió excluirlas en el juicio del ex director de Pemex.
No obstante, la Fiscalía señaló que las pruebas fueron obtenidas con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional."Se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales", refirió.
Las pruebas anuladas son la información financiera de las empresas de Lozoya en Suiza y los comprobantes bancarios de las transferencias de las empresas off shore Innovation Research Engineering and Development Ltd, Latin America Asia Capital Holding y Zecapan, la primera de ellas empleada por Odebrecht para el pago de sobornos al ex funcionario.
La Confederación Helvética remitió a México los informes el 20 de septiembre de 2018 y el Ministerio de Justicia de Brasil hizo lo propio el 18 de octubre de 2017, en respuesta a solicitudes de asistencia jurídica.
Sin estas pruebas, no puede acreditarse con toda certeza que Lozoya cobró "mordidas" de 7 millones 336 mil 351 dólares a Odebrecht, a cambio de contratos, como le acusan en este proceso por los delitos de asociación delictuosa, lavado y cohecho.
Por otra parte, la Fiscalía señaló a "uno de esos mismo jueces" por violentar el Código Penal Federal al presuntamente otorgar beneficios a Emilio Lozoya.
"Cada vez es más evidente la conducta indebida", sentenció.