- Oaxaca, México
El funcionario consideró que el País tiene que asumir las consecuencias del virtual cierre de la frontera y recibir a los migrantes, para ofrecerles un trato digno y humanitario, mientras esperan la respuesta a sus trámites.
"Hay que asumir que va a haber un impacto después de las medidas unilaterales que ha asumido el Gobierno de los Estados Unidos al prácticamente sellar la frontera y estar retornando a ciudadanos de muy diversas nacionalidades a nuestro País. Esto tenemos que asumirlo", dijo al ser entrevistado en Oaxaca.
Encinas advirtió que los migrantes necesitan ayuda, empleo e integración y no operativos de contención y consideró que México debería aprovechar la presencia de los viajeros para cubrir la oferta de empleo que existe en el territorio y, sobre todo, en el sureste, donde actualmente se construyen obras de infraestructura como el corredor interoceánico y el Tren Maya.
"Estaremos atentos en todo el País para no solo mitigar este impacto, sino dar oportunidades de inserción a las personas que están buscando una opción de vida. No hablemos de crisis en la situación de los migrantes es gente que está buscando una nueva oportunidad, gente que merece tener la oportunidad de salir adelante", señaló.
"Hay que abrir espacios y oportunidades, hay muchas de las zonas de alto desarrollo que tienen oferta de empleo y que no está cubierto con la oferta nacional. Hay que buscar una integración eficaz para que puedan ellos incorporarse dignamente a la vida económica del País".
-¿Más policías y más Guardia Nacional para frenarlos?, se le preguntó.
- "Ninguna solución represiva o de contención ha resultado, por más muros que han construido en los Estados Unidos la migración sigue y sigue creciendo en ese País", respondió.
"La solución no son las medidas coercitivas, sino una visión humanitaria y de integración", agregó.
Encinas fue entrevistado antes de encabezar un acto en el que el Estado mexicano ofreció una disculpa pública al defensor Damián Gallardo Martínez.
El Gobierno federal reconoció su responsabilidad en el caso de este activista, a 10 años de su detención arbitraria y tortura.
Se trata de un profesor de origen ayuujk, defensor de derechos de los pueblos indígenas y del acceso a la educación.
"Agentes públicos incumplieron con sus obligaciones y provocaron que él y su familia fueran objeto de violaciones graves a sus derechos humanos", aceptó Encinas.