El Gobierno de México ha acusado este lunes al juez penal de Tamaulipas, Cresencio Contreras, de favorecer a grupos criminales de la frontera norte del país. La Secretaría de Gobernación (Segob) denuncia que Contreras dejó libres a integrantes de una organización delictiva vinculados al secuestro de 31 migrantes en el estado norteño, así como "otros actos", como con el tráfico de fentanilo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado presentar la denuncia contra el magistrado en la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo un juicio político que destituya a Contreras.
La secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, ha explicado en sus redes sociales que el organismo que dirige hace la denuncia contra Contreras "Por instrucciones del Presidente". Minutos después, un comunicado de la Segob ha esclarecido las causas de la acusación contra Contreras: "Se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país".
El principal motivo de la denuncia contra el magistrado es por haber liberado a los principales acusados por el secuestro de 31 migrantes el pasado 30 de diciembre en Tamaulipas, según la Segob. Los liberados presuntamente están vinculados a "otros actos relacionados con la delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho".
La misiva ha apuntado directamente a diferentes malas prácticas que habría llevado a cabo el que es juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Tamaulipas. "Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces", ha precisado la Segob.
El movimiento de la Segob es inesperado porque ha presentado la acusación en la Cámara de Diputados, en vez de hacerlo en la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de Tamaulipas. "Se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución", ha sentenciado la institución.