CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez federal ordenó al General Pedro Bonilla Muñoz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, comparecer como testigo en el juicio por el espionaje de Pegasus, pero de manera presencial y no por videoconferencia.
Luis Benítez Alcántara, Juez de control constituido en tribunal de enjuiciamiento, rechazó la solicitud de la defensa del acusado Juan Carlos García Rivera para interrogar por vía remota al General Brigadier en Justicia Militar, cuyo testimonio ofreció el acusado.
La comparecencia e interrogatorio del militar -prueba ofrecida por el acusado- está prevista para el 28 de diciembre a las 9:30 horas, aunque es probable que la fecha se modifique porque la FGR ha hecho varios cambios en el calendario de testimoniales e incluso pretende desistirse de la asistencia de algunos funcionarios ya citados con la misma calidad jurídica.
"El testigo no está dentro de las excepciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (para testimoniar a través de medios audiovisuales); además, tiene el cargo de titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, eso no es justificación para no acudir a rendir su testimonio en forma presencial y, en dado caso (que no se presente), afecta el principio de inmediación".
"Ordeno que se gire oficio para se encuentre y sea citado de manera presencial, porque no fue procedente su petición", respondió Benítez, Juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, al pedido del abogado Samuel Ibarra.
Este jueves continúa el juicio iniciado a García Rivera por el delito de intervención de comunicaciones privadas, presumiblemente llevado a cabo con el software Pegasus, en agravio de la periodista Carmen Aristegui.
Se tiene programada la comparecencia de por lo menos cuatro testigos, entre ellos Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).
García Campos es uno de los funcionarios de la FGR que suscribió los contratos de servicios de Pegasus con una empresa intermediaria de la israelí NSO Group y, de hecho, tiene la calidad de investigado en otra investigación que se lleva a cabo por las irregularidades en la adquisición del malware.
Dicho funcionario es indagado en una investigación diversa por los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, derivado de los 460 millones de pesos que en el sexenio pasado pagó la entonces PGR por el malware y sus actualizaciones.