Un tramo de 120 kilómetros de vía férrea en el sureste de Veracruz ha abierto un nuevo frente entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el empresario minero, Germán Larrea. El segmento ferroviario, clave para el desarrollo de una de las obras emblema de esta Administración, fue concesionado a Ferrosur, empresa de Grupo México Transportes, desde 1998. Sin embargo, el viernes pasado el Ejecutivo revocó este permiso y expropió el trecho al considerarlo de "interés público" y "seguridad nacional". A la orden en papel siguió la ocupación de las instalaciones de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, la compañía puede seguir operando sus vagones y trenes en ese tramo, pero bajo la mirada vigía de los agentes de la Marina.
Tras la ocupación por las Fuerzas Armadas, han sobrevenido las versiones cruzadas y señalamientos de ambas partes. Mientras Grupo México Transportes asegura que el decreto los tomó por sorpresa debido a que estaban en plena mesa negociación, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador ha afirmado este lunes que antes de la publicación del decreto de expropiación intentó llegar a un acuerdo con el llamado rey del cobre, pero los intentos fracasaron ante la exigencia de Grupo México de recibir un pago por 531 millones de dólares, unos 9.500 millones de pesos como indemnización. "Yo no sé, los abogados, los asesores, expertos, mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos, pues así ya no se puede, ni siquiera es un precio justo, sino un abuso", zanjó.
El mandatario aseguró el decreto no está relacionado con la operación del multimillonario sobre Banamex ni tampoco es un pleito personal contra el empresario. "No hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no, ojalá y comprendan no solo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros, ojalá y en un momento de sensatez, piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tienen que cuidar al interés público", expresó.
ANALIZAN ACCIONES LEGALESPor su parte, Larrea ha advertido de que siguen con las negociaciones con el Gobierno y en paralelo analizan las acciones legales a tomar ante el "deterioro" que ocasionará para la empresa esta expropiación. Según su versión, fue el Gobierno el primero en romper los acuerdos, ya que a principios de 2022 firmaron un convenio para la construcción de una segunda vía férrea con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. "Tras la firma de dicho acuerdo, Grupo México inició de inmediato las obras de construcción y efectuó gastos por varios cientos de millones de pesos. El costo total del proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que paga la empresa año con año. Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el Gobierno meses después", relató la empresa.