La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó con calificaciones de entre 4.26 al 5.94 a 12 prisiones que se ubican en Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima, porque no existen condiciones para el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2022, elaborado por la CNDH que dirige Rosario Piedra Ibarra destaca que 13 sistemas penitenciarios obtuvieron calificaciones entre el 6.05 al 6.98, correspondientes a los estados de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche.
En tanto que seis sistemas penitenciarios de Durango, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala y Chihuahua registraron calificaciones promedio entre el 7.06 al 7.62; por lo que únicamente el sistema penitenciario del estado de Querétaro obtuvo una calificación de 8.22.
Persisten retosLos Centros Federales de Readaptación Social obtuvieron un promedio global de calificación de 7.47, mismo que se sostiene respecto al año anterior y en dichos centros persisten retos por parte de la Autoridad Federal, ya que durante las visitas de supervisión se constató la necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar la atención médica de la población, así como de contar con suficiencia de personal de seguridad y custodia entre otras.
Durante la presentación del DNSP, Piedra Ibarra lamentó que, pese a los resultados de los anteriores diagnósticos emitidos por la CNDH, no se hayan tomado las medidas para generar condiciones dignas y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales, por lo que llamó a las autoridades responsables a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad, que además impiden lograr el objetivo primario que es la reinserción social de las personas privadas de la libertad.