Activistas y autoridades de Chiapas sostienen que el prolongado confinamiento en la entidad provocó una “segunda pandemia”: la pederastia, que afecta sobre todo a menores y adolescentes, quienes sufrieron vejaciones por parte de sus familiares. Hoy, Chiapas ocupa el segundo lugar nacional de embarazo en adolescentes. “Los hogares resultaron ser el peor lugar para muchas personas que quedaron en estado de vulnerabilidad”, sostiene la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia el Sistema DIF Estatal, María Isabel Cruz Cruz.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
El paso de la pandemia de covid-19 y la “vuelta a la normalidad” a las actividades en escuelas y la convivencia social en la entidad se refleja en el daño que sufrieron infantes y adolescentes víctimas de delitos sexuales en su propio hogar.
Las cifras y estadísticas de Chiapas revelan que en 2020 y 2021 los casos de abusos contra menores de 18 años se dispararon justo cuando miles de ellos dejaron de ir a la escuela para mantenerse a salvo de la pandemia.
María Isabel Cruz Cruz, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia el Sistema DIF Estatal, lo admite: los hogares resultaron ser el peor lugar para muchas personas, particularmente menores, que quedaron en estado de vulnerabilidad ante sus agresores sexuales.
Derivado de ello, añade, las estadísticas se incrementaron tras la declaración de la pandemia en marzo de 2020 y hasta finales de 2021, con consecuencias que se siguen constatando en 2022.
Chiapas ocupa ahora el segundo lugar nacional de embarazo en adolescentes, según el más reciente informe Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes que encabeza el titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos.
“La pandemia provocó un encierro que originó esta alza en este tipo de delitos”, precisa.
Los niños, niñas y adolescentes quedaron al cuidado de personas que, lejos de vigilar por su bienestar y su seguridad, abusaron de ellos y ellas, insiste Cruz Cruz.
Chiapas fue la primera entidad donde la pederastia –tipificado como delito en 2016– fue considerada un ilícito grave, por lo cual se persigue de oficio. “La intención es proteger los derechos de las y los niños de Chiapas”, dijo en aquella ocasión su promotora, Fabiola Ricci Diestel, legisladora local del PAN y actualmente legisladora local de Morena.
Antes, la pederastia estaba enmarcada dentro el delito de violaciónSegún el Código Penal del Estado, las sanciones penales van de 10 a 15 años de prisión, de 15 a 25 y se puede alcanzar una pena de hasta 50 años según los agravantes. La pena es más severa para quienes tengan vínculos directos y constantes con los menores.
La sanción se duplica cuando el delito es cometido por un pariente consanguíneo, cuando la víctima lo sea de dos o más personas. Cuando se hace uso de la violencia física o moral, se le administra a la víctima alguna sustancia tóxica, la víctima tiene alguna discapacidad física o mental.
También son agravantes los casos en que este ilícito sea cometido por la persona que tenga a la víctima bajo su custodia, cuidado, guarda o educación, o aprovechando la confianza en ella depositada o bien cuando el delito es cometido por un ministro o dirigente de un culto religioso.
Además de la pederastia, el Código Penal chiapaneco también sanciona otros delitos de tipo sexual, tales como la violación, el hostigamiento sexual, el acoso sexual a menores de 18 años a través de medios electrónicos, así como el estupro, el abuso sexual y el incesto.
- Torres Villanueva. "Hay que denunciar".
Proceso solicitó hablar con funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre este tema. La oficina de Comunicación Social se limitó a enviar datos sobre las órdenes de aprehensión y las sentencias por el delito de pederastia.
En 2020, según las cifras oficiales, se ejecutaron 110 órdenes de captura contra presuntos pederastas; sólo se emitieron 11 sentencias condenatorias en los juzgados. Sin embargo, la dependencia no proporcionó el número de carpetas de investigación iniciadas por ese delito ni las sentencias que exoneraron o liberaron a los imputados.
En 2021 la cifra se elevó a 150 órdenes de captura; el Poder Judicial del estado logró 55 sentencias condenatorias. Y en lo que va de este año las órdenes de aprehensión ejecutadas suman 117 y se han dictado 94 sentencias condenatorias.
En total, según la información oficial, han emitido 377 órdenes de aprehensión contra presuntos agresores sexuales pederastas. La cifra es reducida en el universo de las denuncias que llegan a las mesas del Ministerio Público.
En 2020 se iniciaron mil 388 carpetas, de las cuales 681 se enmarcaron en “otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual”. Para 2021, el número creció a mil 611 carpetas por delitos sexuales, mientras el rubro “otros delitos” –que incluye la pederastia– aumentó a 754.
Y en lo que va de 2022, hasta el martes 20 de septiembre el Secretariado consigna 985 denuncias por violencia sexual, de las cuales 473 corresponden a otros tipos, según los datos de la FGE, ajenas a la “cifra negra” de aquellos casos no denunciados, que en este tipo de delitos es mayor a otros, como consignan informes como la Encuesta de Inegi sobre percepción en materia de seguridad pública.
Doblemente víctimasEl 26 de junio pasado, las secretarías de Salud e Igualdad de Género del estado lanzaron campañas para la erradicación de embarazo en niñas y adolescentes, al detectar un panorama preocupante en este tema, uno de cuyos orígenes es el abuso sexual infantil y de adolescentes.
Las dependencias habilitaron 33 unidades de salud que brindan orientación para el servicio de aborto seguro con 10 enlaces distritales, y se activó la estrategia casa por casa y escuela por escuela para búsqueda intencionada de niñas y adolescentes embarazadas y violentadas.
Las campañas “Planea con amor” y “Yo decido” buscan prevenir la violencia de género y ofertar el servicio de aborto seguro, a fin de garantizar en niñas y adolescentes un desarrollo seguro y libre.
La titular de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, María Isabel Cruz, refirió el caso de una comunidad de Villaflores donde una adolescente de 14 años ha sufrido abuso sexual recurrente por parte de su abuelo, quien además la explotaba sexualmente.
Tras una denuncia anónima, la dependencia indagó el caso y en coordinación con la FGE rescató a la adolescente, quien fue llevada a un centro del DIF estatal. En el operativo fueron detenidos el abuelo y dos personas más que pagaban por abusar de ella.
Los tres detenidos fueron remitidos al penal de El Amate, donde actualmente enfrentan un proceso judicial y esperan su sentenciaLa adolescente tuvo un embarazo producto de la violación y abuso sexual sistemático, por lo que tras su consentimiento fue sometida a un procedimiento de interrupción.
La funcionaria del DIF estatal explica que, en los casos graves, padres o madres pierden la tutela de los niños, niñas y adolescentes porque no les dieron la garantía de una vida sana, segura y libre de violencia. En estos casos las víctimas son acogidas en los diversos centros de asistencia social.
Con la pandemia de covid, en 2020 y 2021 han recibido atención en esos centros 68 menores y adolescentes. En lo que va de 2022 son 13 las víctimas de abusos sexuales atendidas, quienes ahora están bajo la tutela del estado.
Para menores hasta los 11 años el DIF dispone de la Casa Hogar Infantil; los de entre 12 y 18 años son recibidos en la Casa Hogar para Adolescentes, mientras que en los casos de riesgo graves, las niñas o adolescentes son canalizadas a albergues para mujeres víctimas de maltrato.
Cruz Cruz explica que la mayor incidencia de los abusos sexuales ocurre en las zonas de pobreza extrema, donde las familias viven hacinadas; en muchos casos las víctimas son hijos o hijas de madres solteras que trabajan y se ven obligadas confiar el cuidado de los y las menores a terceras personas o a sus familiares.
- Yudiel F. T. Preso en el Amate.
Elena del Rosario Torres Villanueva tiene 10 años al frente de la Fundación Internacional Granito de Arena, una organización civil que ella misma creó para ayudar a menores y adolescentes víctimas de este tipo de delitos.
La activista ratifica que el confinamiento por covid provocó “una segunda pandemia: la de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.
Y aunque este tipo de delitos suceden “más de lo que se cree”, ahora son más las víctimas que se animan a presentar su denuncia.
Torres Villanueva, quien fue víctima de abuso sexual en su infancia, lo que la llevó a abrazar esta causa, advierte que muchas veces no se les cree a las víctimas cuando rompen el silencio.
Si bien su fundación trabaja con niños y niñas mayores de tres años, ha tenido que atender casos de víctimas de abuso sexual de apenas ocho meses y dos años.
Torres Villanueva insiste en que la amenaza contra estas personas vulnerables está en el núcleo más cercano, entre los padres, tíos, abuelos o primos, principalmente.
Recuerda que en 2015 le pidieron ayuda en 280 casos de abuso sexual. El 80% de las víctimas, dice, eran varones que en su mayoría estaban en edad de preescolar.
Según la activista, la etapa de mayor vulnerabilidad ocurre entre los tres y los seis años de edad, cuando también es muy complicado que las víctimas puedan rendir una declaración ante las autoridades.
En este contexto de violencia sexual contra menores surgió una nueva modalidad en internet y en las redes sociales: el grooming, la forma en que los pederastas enganchan a sus víctimas. Por lo general son adultos que asumen una personalidad de niños para interactuar; en ocasiones lo hacen mediante videojuegos.
También señala que, en este contexto de violencia sexual, abuso infantil y pederastia, se da la pornografía infantil, por lo que en Chiapas se han detectado redes de pedófilos.
El 17 de diciembre de 2020, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) recibió información sobre material de abuso sexual infantil de un usuario llamado Ronaldfranco, quien utilizaba un sitio web desde 2011. Sus víctimas principales eran dos menores, hijos de quien era su pareja.
Según el FBI y la FGE, Ronaldfranco había sido identificado como un productor conocido de pornografía infantil en varios sitios de la red, con un total de 23 videos y 176 imágenes de pornografía infantil y material de abuso sexual de menores.
En mayo de 2021, a petición del FBI, elementos de la FGE y del buró detuvieron en Comitán a Yudiel F. T., El Coyote Con Sentido o Ronaldfranco, por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual a través de la difusión de pornografía infantil.
El detenido está a disposición del Juez de Control en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14 El Amate, en el municipio de Cintalapa, en espera de sentencia.