- OAXACA DE JUÁREZ, Oax
Según el criterio de la Primera Sala de la SCJN, este tipo de reformas en materia de intermediación y servicios financieros son competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
La sentencia es el resultado de un proceso penal contra una mujer que se desempeñó como dueña y presidenta del consejo de administración de una sociedad cooperativa, quien ante la negativa de devolver a los ahorradores su dinero y no contar con el registro respectivo para operar con tal fin, fue condenada por el delito de "equiparado a la retención agravado"; decisión que fue confirmada en apelación.
Ante este juicio en su contra, la imputada promovió juicio de amparo en el que afirmó que el tipo penal es inconstitucional porque se invadieron competencias del Congreso de la Unión por parte del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. El Tribunal Colegiado del conocimiento negó la protección constitucional, resolución contra la cual la inculpada interpuso un recurso de revisión.
Pero la SCJN determinó que el Congreso de la Unión es el competente para legislar en materia de intermediación y servicios financieros del país, lo que implica proteger a las personas que realicen actividades con sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a través de la regulación de conductas que pudieran afectarles, así como establecer las sanciones correspondientes.