- CIUDAD DE MÉXICO
"Estamos listos, hemos confiado en las instituciones, y esa confianza es firme y permanente", aseveró el litigante a EL UNIVERSAL.
Reiteró que Pemex ya aprobó el monto de 10.7 millones de dólares y que la misma institución lo propuso, el litigante remarcó que fue la petrolera conjuntamente con la UIF, quienes determinaron el monto de la reparación del daño y su cliente aceptó pagar el 100%.
"Esto es importante aclararlo, pues en ocasiones se ha pretendido desinformar, señalando que eso es lo que ofrece Lozoya... Tal afirmación es falsa, pues, por un lado, el ordenamiento jurídico mexicano no permite que el acusado ofrezca, sino que las instituciones determinan.
Recordó que el 9 de marzo de 2022, se celebró la sesión del Consejo de Administración de Pemex y ese día por unanimidad se aprobó el monto de reparación del daño, que asciende a 10 millones 736 mil 351.7 dólares por ambos casos Odebrecht y Agronitrogenados.
El abogado manifestó que en 2022, se determinó que se deberían pagar de la siguiente forma: Un millón de dólares al momento de la firma, un millón de dólares el 30 de junio de 2022, después 1.6 millones de dólares, el 30 de septiembre de 2022.
Posteriormente siete millones 136 mil 351.7 dólares, el 30 de diciembre de 2022 que fue lo que se aprobó por el Consejo de Administración de Pemex.
Explicó que no se puede modificar el monto de reparación del daño, ya que jurídicamente es imposible.
El litigante resaltó que por un lado, la Fiscalía General de la República (FGR) ya presentó acusación por esa cantidad. Ello, a pesar de que de la carpeta de investigación se desprende que no fue su cliente, sino que fueron otros actores que están señalados, los beneficiarios finales de los sobornos.
"Por otro lado, Pemex ya formuló, ante el Juez, su petición de reparación del daño (en enero de 2022) y es precisamente por la misma cantidad. Es por ello que existen múltiples impedimentos para modificar el monto, entre los que cabe destacar que los montos se fijaron con base en dictámenes periciales.
"De éstos se desprende la cantidad final de 10.7 millones de dólares. Esto significa que los montos referidos tienen un sustento científico y no se desprenden de la intuición, de animosidades, impulsos o corazonadas", refirió.
Ontiveros Alonso destacó que los acuerdos deben ser aprobados por el órgano jurisdiccional y éste ya recibió las pretensiones referidas, es decir, las que ascienden a 10.7 millones de dólares.
Enfatizó que ninguna juzgadora o juzgador validaría un acuerdo con un monto diferente al técnicamente justificado, pues eso significaría avalar una ilegalidad.
"El acuerdo con AHMSA se ocupó de garantizar el monto total de lo que se señaló como sobreprecio. De ahí que no se pueda pretender 'cobrar dos veces' el mismo monto", subrayó.