- MONTERREY, NL
El nuevo ordenamiento -que se derivó de una iniciativa planteada por el titular del Poder Judicial, Arturo Salinas-, se aprobó con 25 votos a favor y 11 en contra de los emecistas.
Al exponer al Pleno el dictamen, Félix Rocha, presidente de la Comisión de Legislación, dijo que el Instituto de la Defensoría Pública será un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura con autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuyo titular será designado y removido por el Consejo.
Además, dijo, el Instituto deberá brindar servicios de defensa jurídica de los indiciados, imputados, procesados y sentenciados, incluyendo a los adolescentes a quienes se les atribuya alguna conducta ilícita.
Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, dijo que había una suspensión de la Corte que impedía que se tomaran acciones relacionadas con que el Instituto pasara del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.
"Este dictamen carece de sustento y de fundamento jurídico, además de que es una violación a un mandato judicial, pues recordemos que se reformó la Constitución en donde las funciones de la Defensoría pasan de ser parte del Ejecutivo al Poder Judicial y que el 17 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión provisional y, conforme a ella, tenemos que abstenernos de cualquier acto que, formal o materialmente, implique transmitir atribuciones o recursos patrimoniales de la Defensoría al Poder Judicial", expresó.
"Es por ello que no podemos legislar sobre este tema y me extraña que, contraviniendo esta disposición de la Corte, el magistrado Arturo Salinas, haya presentado esta iniciativa de Ley a sabiendas de que hay una suspensión y que este Congreso le dé tramite y busca aprobar una Ley en la que se está haciendo un traslado de atribuciones de la Defensoría".
Sandra Pámanes, vocera de la bancada emecista, apoyó la postura de Reyes."Dejen de torcer la Ley", agregó, "hay una falta de responsabilidad y de calidad, el llamado aquí es que dejen de pasar por encima de las instituciones, actúen de manera responsable".
Sin embargo, Rocha dijo que la suspensión no involucraba al Poder Legislativo y por tanto de tenía el derecho a legislar para que el Instituto pudiera funcionar de manera adecuada y atendiera las demandas de la gente.
La Ley finalmente se aprobó.