CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Ministra Norma Piña, puso a discusión un sistema de seguridad y justicia que incluye la voz de integrantes del Poder Judicial y organizaciones sociales.
En un pronunciamiento como titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura federal, llamó a legisladores y a integrantes del sistema de justicia a abrir diálogo y considerar estas propuestas en el debate legislativo.
"La demolición del Poder Judicial no es la vía. Nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestro compromiso es con las generaciones que vienen", planteó la Ministra Piña.
La Ministra Piña puso a disposición de los legisladores el documento que contiene las iniciativas.
"El documento que desde este momento está a disposición de todos es el resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales de quienes tienen a su cargo funciones de justicia, así como de quienes interactúan con ellos.
"Se hace pública una propuesta que surge desde las juezas federales, magistradas y magistrados, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicias locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde quienes imparten justicia", indicó la Ministra.
Apenas, la semana pasada, la presidenta de la Corte abrió una consulta a los Ministros y Ministras, para aclarar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial, ya aprobada por la Cámara de Diputados.
La Ministra Norma Piña inició dos consultas al Pleno, tras recibir solicitudes de jueces y magistrados para que la Corte tome acciones en defensa de la independencia judicial, pues considera que legalmente no está claro si ella puede actuar en el sentido que se pretende.
"Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer", dice el acuerdo de Piña.
"Se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, se pronuncie de fondo", fue una de las peticiones que hizo a Piña la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).
La Suprema Corte se encuentra dividida entre una amplia mayoría que está en contra de la reforma al Poder Judicial y un grupo de ministras que la respaldan.
Se hace pública una propuesta que surge desde las juezas federales, magistradas y magistrados, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicias locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde quienes imparten justicia".