Ciudad de México
México se ha convertido para Estados Unidos en el vecino que un día le pide cosas, y al siguiente le dice que no. Y viceversa. En cualquier tema de la compleja agenda se pueden hallar ejemplos de la veleidosa actitud del actual gobierno mexicano, que ha hecho del país del sur del Bravo el vecino incómodo de la potencia norteamericana.
Una de los más recientes episodios que ilustran lo impredecible de la relación corre a cargo de la Fiscalía General de la República, todavía a cargo de Alejandro Gertz Manero.
Qué lujo para aquellos que pudieron atestiguar la cara que habrán puesto funcionarios de EU a la hora de conocer el jueves que el presidente mexicano pidió a Washington publicar pruebas presuntamente incriminatorias en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal.
Se pide eso a las agencias estadounidenses al mismo tiempo que buenas a primeras se suspende la colaboración con las mismas. Y esa actitud es asumida no solo por Andrés Manuel López Obrador, sino también por la FGR.
Personas bien informadas comentan que en semanas recientes la Fiscalía General de la República suspendió de manera unilteral, y habría que decir caprichosa e irresponsable, la colaboración con distintas agencias de seguridad de Estados Unidos.
El motivo de esa interrupción fue la agenda personal del Fiscal, quien habría impuesto ese desdén institucional luego de que interlocutores de agencias de Washington se negaran a proporcionarle información, por canales no oficiales o de plano fuera de la ley, sobre descendientes de su excuñada, nonagenaria a la que como se sabe quiso meter a la cárcel.
Según esa versión, lo que la Fiscalía demandaba de manera extraoficial era totalmente indebido y podría incurrir en ilegalidades. Como no se le respondiera afirmativamente, el lado mexicano hizo sentir el frío a su contraparte. Desde Estados Unidos comenzaron a llamar a su personal en México para cuestionar por el cierre de los canales de colaboración, y la respuesta fue que el fiscal pedía cosas que no se le podían entregar.
Ese fue el preámbulo de la petición, ahora en público, del presidente López Obrador a Estados Unidos para que dé a conocer parte de la investigación que tiene en contra del excolaborador del presidente Felipe Calderón.
UNA NUEVA DEMANDA
Independientemente de si acceder a tal solicitud podría vulnerar el debido proceso, sería natural que en Washington arrastren los pies ante una nueva demanda de un gobierno cuyo actuar se ha vuelto inestable, caprichoso y poco confiable. Porque ni de lejos esta petición judicial supone el único tema en donde la relación bilateral se encuentra en un terreno de turbulencia e incertidumbre.
Los problemas de la agenda entre Estados Unidos y México crecen casi por semana. En la que está concluyendo se abrió un nuevo frente en el ámbito energético, ya de tiempo atrás saturado de choques y desaveniencias entre los intereses de los dos países. El lunes la secretaria de Energía Rocío Nahle envió un oficio a las autoridades regulatorias para exhortar que se realicen cambios a fin de que todo mundo compre gas natural a la Comisión Federal de Electricidad.
Dado que en este sexenio la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es letra muerta, y dado que sería ingenuo esperar que la CRE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), órgano al que también fue enviado el oficio, evalúen el exhorto y ponderen la pertinencia del mismo con criterios que atiendan a la mejor competencia y mayor beneficio social, se da por descontado que más que invitación esas instancias recibieron una instrucción y que acatarán la misma con prontitud y hasta con gusto.
La noticia del exhorto, conocida un par de días después de la emisión del mismo, tomó por sorpresa a un sector que ya veía con desmayo una serie de abruptos cambios en la producción y compra de energía eléctrica; y entre quienes han padecido los sobresaltos por las unilaterales decisiones gubernamentales están las empresas estadounidenses.
Y aunque ya se anuncian amparos y recursos en tribunales ante la medida pretendida por Nahle, lo cierto es que este desplante, que machuca de nuevo intereses nacionales y extranjeros, es tan prototípico de la administración lopezobradorista que hasta sorprende que no lo hayan intentado antes.
Andrés Manuel se ve a sí mismo como un patriota. Y su agenda para fortalecer empresas emblemáticas del pasado energético mexicano ha sido una de sus principales banderas desde su primera campaña electoral, en 2006.
Tras ser derrotada en la Cámara de Diputados en abril pasado su iniciativa para modificar el mercado eléctrico, a fin de privilegiar sin medida a CFE, ha resuelto una serie de imposiciones a las empresas mediante las que de facto va obteniendo lo que buscaba tener de jure con la ley que fue bloqueada por la oposición en San Lázaro.
Política papista
- Más allá de las implicaciones concretas del exhorto, que no fue anunciado por López Obrador, como si hubiera querido tomar prudente distancia dada la visita esta misma semana a Palacio Nacional de John Kerry, enviado estadounidense para la agenda climática y gestor de los intereses de las empresas de su país afectadas por esta renacionalización de la energía eléctrica, lo cierto es que se trata de una política tan papista como él mismo, así la haya firmado la Secretaría de Energía, y consistente con la agenda lopezobradorista que apedrea sin rubor el Estado de derecho
- Esas negociaciones en el despacho de López Obrador son símbolo, también, de algo que reseñó con puntualidad el domingo pasado The Wall Street Journal
- El diario neoyorquino hizo un recorrido de la serie de embates que AMLO ha emprendido en contra del sector privado, particularmente de la energía, y cómo eso podría afectar un esquema de negocios que le dio al país crecimiento durante décadas
- El subtexto del reportaje es fácil de advertir. México ha entrado en una dinámica que no solo desmantela parte de las condiciones que le dieron estabilidad, sino que revienta el principio rector tanto del viejo Tratado de Libre Comercio (TLC) o del nuevo TMEC
- Ese principio rector es la confianza, la confianza de que México era un socio serio, un actor cuyos problemas no superarían su voluntad de respetar la ley y los acuerdos.