El gobernador Gavin Newsom firmó el pasado viernes la propuesta de ley AB-91 del asambleísta estatal David Álvarez (D-San Diego), bajo la cual se creará un programa piloto de cinco años que beneficiará a estudiantes que vivan dentro de 45 millas de la frontera con California.
"Nosotros en la región fronteriza creemos que California, y San Diego en específico, se beneficia tremendamente con nuestra ubicación única y nuestra relación de colaboración binacional con Baja California", dijo. "Esta ley es solo una extensión de esa realidad que comparte mucha gente", dijo el asambleísta.
La ley entrará en vigor en enero de 2024.
Álvarez, cuyo distrito incluye comunidades como Otay Mesa y San Ysidro, además de las ciudades de Chula Vista, National City e Imperial Beach, estimó que diariamente cerca de 170 mil personas cruzan la frontera, de las cuales, por lo menos 7 mil son estudiantes de todas las edades.
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"Lo más preparada que tengamos una fuerza laboral como región, lo mejor que podremos competir económicamente", agregó.
Dijo que la propuesta de ley surgió de la pregunta sobre qué pasa con aquellos estudiantes que desean continuar sus estudios y no lo hacen por cuestiones económicas. Álvarez también notó el creciente número de estudiantes que se mudan a Tijuana debido al costo de vivienda.
Los colegios comunitarios que formarán parte del programa son Cuyamaca College, Grossmont College, Imperial Valley College, MiraCosta College, Palomar College, San Diego City College, San Diego Mesa College, San Diego Miramar College y Southwestern College. Bajo este programa, cada uno de ellos podrá recibir hasta 150 estudiantes cada año académico, según se lee en el documento de ley.
La ley está basada en una propuesta de 2015 que permitía a los estudiantes cerca de la frontera de California en Nevada pagar una colegiatura menor en Lake Tahoe Community College, de acuerdo con un comunicado.
Estudiantes locales que viven en Tijuana aplaudieron este miércoles la aprobación de esta ley. Christopher Garcia, estudiante de último año de Ciencias Políticas en Southwestern College, es uno de los miles de estudiantes que cruzan la frontera todos los días.
Garcia tiene dos hermanos menores que están por concluir la preparatoria en Tijuana, y dijo que confía en que puedan beneficiarse con esta ley.
"Creo que es una ley que va a beneficiar a todos", dijo.
Garcia tiene tres trabajos de tiempo parcial para ayudar a cubrir sus gastos de la escuela. Uno de ellos, es dentro de la oficina de Programas Binacionales e Internacionales de la propia escuela.
Dijo que esta semana empezó a notar que personas se acercaron a dicho departamento para preguntar sobre los cambios con la nueva ley.
Roberto Alcántar, presidente de la junta directiva de Southwestern College, calificó esta iniciativa de "un gran logro para la región". "Esto va a ayudar muchísimo a los estudiantes al hacer su educación más accesible", agregó.
De acuerdo con el análisis de la ley, el costo de colegiatura para residentes en colegios comunitarios de California es de $46 por unidad, lo que representaría entre $1104 y $1380 por año, dependiendo del número de créditos por semestre.
Para no residentes, el costo es de $346 por unidad, lo que representaría entre $10 104 y $10 380 por año, dependiendo del número de créditos (12-15) por semestre.
Southwestern College, ubicado a pocas millas de la frontera, ha realizado varias actividades para sus estudiantes binacionales. En junio pasado, dicho colegio comunitario tuvo su primera ceremonia de graduación binacional en Tijuana.
El objetivo fue darle la oportunidad a estudiantes de compartir la experiencia con amigos y familiares que, por algún motivo, no pueden cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Alcántar dijo que además, tienen una alianza con autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para realizar entrevistas en el campus a estudiantes que tramitan su tarjeta de viajero de confianza SENTRI.
La ley también generó algunas opiniones en contra, como la del alcalde de El Cajón, Bill Wells.
"Estudiantes americanos en todo el país están lidiando con cargas exorbitantes de deuda universitaria. Permitir que los estudiantes mexicanos paguen una colegiatura estatal reducida es un deservicio a los millones de estudiantes estadounidenses que enfrentan este desafío financiero", dijo en un comunicado.
Las juntas directivas de los nueve colegios comunitarios que forman parte de este programa piloto deberán presentar un reporte en 2028 en el que se muestren los índices de asistencia y demográficos de estudiantes que se beneficiaron con esta ley.
Bajo esta ley también se buscará que universidades en Baja California ofrezcan el mismo beneficio, es decir, cobrar colegiatura como local a estudiantes de California, dijo Álvarez, quién precisó que hay pláticas en curso para ello.
Como parte del programa se elaborará un acuerdo que debe ser aprobado por la Junta de los Colegios Comunitarios de California para proporcionar derechos similares a los residentes de California que asisten a una universidad en Baja California.
Cada una de las escuelas involucradas debe estar de acuerdo con el memorando de entendimiento para participar. Eso puede ocurrir en cualquier momento durante los cinco años del programa piloto, dijo un portavoz de la oficina de Álvarez.
Agregó que con base en conversaciones entre representantes de Southwestern College e instituciones de educación superior en México, es probable que se den acuerdos con escuelas como la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Tecnológico de Tijuana, la Universidad Tecnológica de Tijuana, la Universidad Xochicalco, el Cetys Universidad y la Universidad Iberoamericana.