Un juez federal resolvió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) los documentos de la renegociación que llevó a cabo la gestión de Manuel Bartlett en el contrato del gasoducto Laguna Aguascalientes, como parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción.
En 2021, la Comisión denunció por este contrato a Javier Gutiérrez Becerril, ex director de Operaciones de CFE Energía, acusándolo de pactar una cláusula de pago a transportistas que supuestamente impidió la ejecución del servicio.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) inició una carpeta de investigación en su contra.
Sin embargo, el imputado informó a la Fiscalía que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, la propia gestión de Bartlett renegoció ese convenio que acusó de “indebido” e incluso lo amplió por 10 años.
Abundó que la presente administración acordó pagar en ese plazo 11 millones de dólares por concepto de cargo fijo, lo que significa un sobrecosto de 6 millones de dólares con respecto al monto inicial.
Bajo esa justificación, el 13 de septiembre pasado, Gutiérrez pidió a la FECC que requiriera a la CFE toda la información de esa renegociación; sin embargo, la autoridad investigadora rechazó su solicitud.
Si bien impugnó la respuesta de la Fiscalía, el día 30 de ese mes un juez de control celebró una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y ratificó la negativa de la FGR.
Por esa razón, el funcionario recurrió al amparo y consiguió que el juez Antonio González García ordenara a su homólogo convocar a una nueva audiencia e instruirle a la CFE la entrega de la documentación.
González García precisa que la Comisión no puede eludir este mandato alegando cuestiones de seguridad nacional y que, en caso de que la información tenga esas características, deberá tomar previsiones para que no se use de manera incorrecta.
El ex funcionario denunciado afirma en su amparo que la suscripción del contrato en 2016 no fue indebida, “tan no lo es que esa empresa productiva no esperó terminaran sus efectos, sino que lo amplió en cuanto a la temporalidad y montos a pagar”.
La administración de Manuel Barlett ha convertido a Gutiérrez Becerril en uno de los funcionarios de la administración pasada más denunciados ante la FGR.
Tiene por lo menos cuatro carpetas de investigación en curso, aunque hasta ahora no ha logrado vincularlo a proceso en ninguna de ellas.
En una, la CFE lo acusa de otorgar prórrogas indebidas a Grupo Carso para terminar la construcción del gasoducto Samalayuca-Sásabe; en otra, de contratar indebidamente a WhiteWater Midstream y sus filiales, para la construcción de un gasoducto en Texas y el transporte de gas.
También lo denunció por el contrato de consultoría por 29.3 millones de dólares que en 2015 se asignó a BAIN & Company México, cuando allí laboraba Gilda Lozoya -hermana de Emilio Lozoya-, convenio del que la CFE ha puesto en duda la prestación de servicios.