- GUADALAJARA, Jalisco
El delito de robo a instalaciones educativas de Jalisco podría considerarse calificado, lo que motivaría una pena de hasta 15 años de cárcel dependiendo del valor de lo robado, plantea una iniciativa de ley impulsada en el Congreso local por la diputada de MC, Estefanía Padilla.
De acuerdo con la legisladora emecista, a causa de la pandemia de Covid- 19 se implementó la modalidad de clases a distancia, lo que causó que planteles escolares se cerraran y se convirtieran en espacios atractivos para cometer actos de vandalismo en detrimento de la infraestructura educativa.
Citando datos de la asociación Mexicanos Primero, Padilla refirió que en Jalisco se registraron 625 escuelas dañadas durante el ciclo 2020-2021, con pérdidas que ascendieron a unos 100 millones de pesos.
"Al cometerse esta conducta antisocial (el robo) en contra de la infraestructura educativa, se vulnera gravemente el derecho humano tanto de estudiantes como docentes, por lo que es necesario encontrar soluciones que permitan inhibirlo, así como el agente de dicha conducta antisocial sea castigado en correspondencia del daño causado", indicó la diputada.
Buscando inhibir el robo a planteles educativos, la legisladora de MC presentó ante el Congreso una propuesta que, de ser respaldada por el Pleno, permitiría modificar el Código Penal local, estableciendo como calificado el delito de robo a escuelas.
"Presento iniciativa de reforma al Código Penal (...), con la finalidad de considerar como calificado el robo cuando se realice en contra de una institución educativa pública, acorde al daño causado, en un acto de justicia para las víctimas y para el delincuente, pues este delito ha ido en aumento causando un grave daño a la sociedad", apuntó Padilla.
De acuerdo con la legislación vigente, el robo simple se sanciona con penas que oscilan entre seis meses y 10 años de prisión, así como una multa que va de cinco a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) según el valor de lo robado, de 518 a 20 mil 748 pesos.
Sin embargo, con la iniciativa emecista se establecería que cuando el robo se cometa en agravio de un plantel escolar público o particular incorporado a una autoridad educativa, será considerado calificado y se castigaría con una pena privativa de la libertad de cinco a 15 años dependiendo el monto de lo robado, así como una multa de 15 a 100 UMA, de mil 556 a 10 mil 374 pesos.